La provincia de Corrientes marcó este lunes un hito en su batalla legal por el federalismo energético. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la comitiva provincial en la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la demanda por la millonaria deuda que el Estado Nacional mantiene con la provincia en concepto de regalías por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

El encuentro, celebrado en la sede judicial de Buenos Aires, permitió el primer careo oficial entre los representantes de Corrientes y los delegados de la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa CAMMESA. Según fuentes oficiales, el diálogo fue calificado como «positivo», logrando establecer una hoja de ruta que continuará en una segunda audiencia técnica fijada para el 22 de abril de 2026.
Defensa de los recursos provinciales Acompañado por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador, José Roa; y el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, Valdés fue contundente al salir de los tribunales: «Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos», afirmó.
¿Qué reclama Corrientes? El reclamo histórico se basa en la compensación que las represas deben pagar a la provincia por el uso de sus recursos hídricos y las zonas afectadas por los embalses. Corrientes sostiene que existe un atraso sistemático en el pago de estas regalías y que el cálculo actual no refleja el valor real de la energía generada. La resolución de este conflicto no solo fortalecería las finanzas provinciales, sino que podría tener un impacto directo en la infraestructura eléctrica local y las tarifas de la DPEC.
Con la próxima fecha confirmada para abril, la provincia busca sentar un precedente sobre la soberanía de los recursos naturales y la justa distribución de la renta generada por las centrales hidroeléctricas en suelo correntino.