El Senado de la Nación resolvió postergar hasta el mes de agosto el debate de la reforma electoral impulsada por la administración del presidente Javier Milei. La decisión obedece a la necesidad de abrir una ventana de negociación política de dos meses que permita destrabar el tratamiento del proyecto, cuyo eje medular —la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— cuenta con el rechazo cerrado de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y diversas bancadas provinciales. Fuentes del oficialismo confirmaron que la discusión formal en comisiones se reanudará recién tras el receso de las vacaciones de invierno, un periodo en el que las autoridades parlamentarias intentarán flexibilizar las posturas cruzadas.

El armado de mayorías representa el principal dilema estratégico para la Casa Rosada en la Cámara Alta. Con un núcleo de 21 senadores propios, el oficialismo necesita captar de manera indispensable 16 votos aliados para alcanzar la mayoría agravada de 37 adhesiones que exige la Constitución Nacional para modificar leyes de carácter electoral. Las gestiones de negociación se ven complejizadas debido a que más de la mitad de los senadores radicales y los tres representantes del PRO operan con autonomía de los gobernadores dialoguistas, limitando el margen de acuerdo de los ministerios nacionales. Ante este escenario, las jefaturas de bloque ya comunicaron formalmente al Poder Ejecutivo que el texto original carece del respaldo legislativo necesario para ser aprobado en el recinto.
Frente a la parálisis del expediente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, comenzaron a barajarse opciones intermedias para salvar el resto de la reforma. Entre las alternativas técnicas se analiza la posibilidad de transformar las PASO de obligatorias en optativas o, en su defecto, suspender su aplicación exclusivamente para el turno electoral de 2027. Sin embargo, estas propuestas de consenso chocan hasta el momento con la intransigencia de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Asimismo, el Gobierno rechazó la petición de los bloques opositores de desglosar el proyecto para tratar de forma inmediata y separada la Ley de Ficha Limpia, una moción de preferencia que fue solicitada formalmente en la última sesión pero que quedó supeditada a un acuerdo integral.
El texto de la reforma electoral enviado al Congreso contempla modificaciones profundas en el sistema político, el financiamiento de los partidos y la dinámica de las campañas: