El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes rechazó un recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Juan Ramón Castellanos, actual intendente de Perugorría, y en consecuencia confirmó la sentencia N°26/24, dictada por el juez de juicio unipersonal de la Tercera Circunscripción Judicial.
De esta manera, se ratificó la condena por un caso de «usurpación en concurso ideal con abuso de autoridad» ocurrido en diciembre de 2021 en dicha localidad, en que Castellanos presuntamente desalojó y derrumbó la casilla de un habitante del pueblo.
En dicho proceso judicial, el actual Intendente fue condenado a cumplir la pena de un año y seis meses de prisión, en suspenso, y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, con lo cual se abre un interrogante sobre su futuro al frente del Municipio.
La sentencia del STJ, a la que pudo acceder época, tiene fecha de este martes 3 de diciembre y se centró en el expediente caratulado «Castellanos Juan Ramón P/Usurpación y Abuso de Autoridad – Perugorría OFIJU Mercedes».
En la sentencia del STJ plantea el dictamen del Ministerio Público, que se había dictaminado por el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa oficial. En su conclusión expusieron desde el Ministerio Publico: «Se puede sostener que todas las pruebas rendidas en el debate fueron consideradas por el Tribunal a fin de sopesar la base fáctica en que se sustentó la acusación pública. De la lectura de las consideraciones vertidas por el Tribunal al tratar la acreditación del hecho y la autoría de Castellanos, se constatan los sobrados fundamentos que conducen a concluir que el nombrado fue el autor del hecho acusado».
El caso se registró el 9 de diciembre de 2021 en el inmueble ubicado en el barrio La Tablita de la ciudad de Perugorría, en que según lo constatado en el proceso judicial se produjo «con violencia, concretándose el ilícito por despojo».
Y «se procedió primero al ingreso al inmueble (casa o casilla de material) violando cualquier tipo de seguridad con que contara los cerramientos (puertas) de la vivienda, se sacó los muebles, bachas, inodoro, ropas, etcétera, al exterior, para luego procederse a la demolición de la estructura edilicia del inmueble, todo como se corroboró en clandestinidad, pues se hizo sin aviso previo y sin la presencia del poseedor o tenedor».
El Intendente se justificó asegurando que era algo que había hablado previamente con el dueño del inmueble y que su idea, una vez despejado el lugar, era construir otras viviendas.
Sin embargo, el damnificado negó cualquier tipo de acuerdo. Incluso, afirmó que ese día había ido como cualquier otro a trabajar al campo hasta que le avisaron que le habían «tumbado» su casa.
Tras la denuncia, la Justicia constató que el vecino era propietario legal.
diario época