El escenario político de Goya y de la provincia sufrió un fuerte cimbronazo institucional tras conocerse una drástica resolución de los tribunales federales. La Justicia Federal con competencia electoral ordenó la remoción inmediata de Marcos Bassi de toda la estructura de conducción del Partido Justicialista de Corrientes. La medida judicial ratifica que el dirigente goyano se encuentra alcanzado por una inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas y partidarias, un estado legal que colisiona de manera directa con las normativas internas de los partidos políticos y los requisitos para el desempeño de cargos electivos u orgánicos.

La resolución, que fue notificada a las autoridades del partido a nivel provincial, surge a partir de las actuaciones y el informe oficial emitido por el Secretario Electoral Nacional, Juan José Ferreyra. Desde las oficinas judiciales se constató que sobre el expresidente de la seccional local pesa una restricción judicial definitiva derivada de la Sentencia N° 248/2022. Dicho fallo penal fue dictado en el marco de la causa por «Incumplimiento de los deberes de funcionario público» (Expediente PXG 22.385/16), la cual se originó por presuntas irregularidades administrativas durante su anterior paso por la gestión pública de la Municipalidad de Goya.
Bajo este escenario de incompatibilidad y trasgresión normativa, la intimación firmada por el Juez Federal Subrogante, Dr. Ricardo Alcides Mihanovich, resulta determinante y anula cualquier pretensión legal de Bassi de continuar desempeñándose en las funciones de Presidente del Consejo Departamental partidario de Goya. La cédula judicial notificada al justicialismo exige adecuar de manera urgente la nómina de autoridades en el distrito, forzando el corrimiento de la lista o la convocatoria a una asamblea extraordinaria para normalizar el funcionamiento del peronismo local.
Este apartamiento forzoso se produce apenas horas después de que el propio Consejo Departamental de Goya, bajo el liderazgo de Bassi, desafiara abiertamente a la conducción de la mesa provincial presidida por Ana Almirón mediante un fuerte documento de alineación nacional con el bonaerense Axel Kicillof. La caída de la cabeza de la conducción local licúa el poder de negociación de esta línea interna del interior correntino y le devuelve la centralidad a la conducción provincial, abriendo un período de fuerte incertidumbre y pases de factura entre la militancia y las diferentes facciones locales que componen la mesa partidaria.

La decisión judicial impacta de lleno en las aspiraciones electorales de su espacio de cara a los comicios del próximo año. Al ratificarse la inhabilitación absoluta emanada de la justicia provincial y ser asimilada por el fuero electoral federal, se clausura cualquier posibilidad de que el dirigente pueda encabezar boletas legislativas o ejecutivas locales, obligando a su sector a buscar con premura un recambio de liderazgo capaz de retener los votos de la militancia.
En los barrios y unidades básicas goyanas, el debate ya no gira en torno a las posiciones nacionales frente al ajuste, sino en torno a quién heredará el control legal del sello partidario. La urgencia del Juez Mihanovich por reorganizar los padrones y las actas de autoridades pone al PJ de Goya en una situación de debilidad organizativa justo en momentos en que las fuerzas opositoras locales buscaban coordinar acciones frente al oficialismo comunal, transformando este caso penal en un punto de quiebre definitivo para la política de la microrregión.