Revés judicial para Alal: el juez Ariel Brest ordenó el embargo y un depósito de $142 millones para los despedidos
En un fallo que marca un precedente clave para los derechos laborales en la región, la Justicia de Corrientes falló a favor de los 260 trabajadores despedidos de la empresa textil Alal. El titular del Juzgado Laboral, Ariel Brest, hizo lugar a una medida autosatisfactiva y ordenó a la firma el depósito inmediato de 142 millones de pesos para cubrir, al menos inicialmente, el 50% de las indemnizaciones adeudadas tras el masivo recorte de personal.
La situación de conflicto se originó cuando la empresa, tras cesantear a casi tres centenares de operarios, anunció que solo abonaría la mitad de las indemnizaciones previstas por ley. Sin embargo, según consta en el expediente, Alal ni siquiera cumplió con ese pago parcial, incurriendo en una mora que dejó a cientos de familias esquinenses y de zonas aledañas en una situación de vulnerabilidad económica extrema.
Ante la falta de respuestas, el juez Brest no solo intimó a la empresa a realizar el depósito en una cuenta del Banco de Corrientes en un plazo máximo de 10 días, sino que también trabó un embargo preventivo sobre los bienes de la compañía. «La medida busca garantizar que, en caso de incumplimiento, se proceda al remate de activos para que los exempleados puedan percibir sus haberes», explicaron fuentes judiciales cercanas al caso.
Es importante destacar que estos 142 millones de pesos representan apenas el piso del reclamo. Si bien el depósito garantizaría ese 50% inicial que la empresa pretendía negociar, los trabajadores ya adelantaron que continuarán con las acciones legales pertinentes para percibir el 100% de lo que les corresponde por ley, rechazando cualquier intento de quita en sus liquidaciones finales.
El impacto local es profundo. Alal ha sido históricamente uno de los principales empleadores del sector privado en la zona y este desenlace judicial pone de manifiesto la crisis del sector textil. No obstante, el fallo de la Justicia local trae un alivio transitorio a los operarios, quienes durante semanas mantuvieron la incertidumbre sobre el cobro de sus años de servicio.
Desde el entorno de los trabajadores celebraron la celeridad del juez Brest, señalando que la medida cautelar permite «poner un freno al desamparo» en el que se encontraban tras el cierre de los telegramas de despido. Se espera que la empresa notifique sus próximos pasos legales en las próximas horas, aunque la orden de embargo ya se encuentra vigente.
