En lo que se consolidó como una de las decisiones legislativas más trascendentales para el futuro urbano de la microrregión, el Concejo Deliberante de Goya aprobó por unanimidad el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio. La sesión ordinaria, presidida por el viceintendente Sebastián Mazzaro, dio luz verde a una herramienta técnica y jurídica que busca terminar con la expansión desordenada de la localidad y establecer un marco de previsibilidad ante la creciente demanda de suelo habitacional. La normativa introduce reglas estrictas que afectarán tanto a los desarrollos inmobiliarios privados como a los planes de vivienda social del Estado provincial.

La nueva ordenanza clasifica la totalidad del territorio municipal en cuatro categorías específicas: área urbana, área con potencial de expansión urbana, área rural y área de reservas naturales e islas. El propósito central de esta delimitación es impedir que continúe la proliferación de loteos en zonas geográficamente bajas o vulnerables a anegamientos recurrentes por precipitaciones. A partir de su promulgación, cualquier nuevo núcleo habitacional deberá contar con los estudios de factibilidad hídrica correspondientes avalados por el PRODEGO, garantizando de forma obligatoria los servicios esenciales de luz, agua potable y recolección de residuos antes de tramitar su reconocimiento urbano.
Durante el debate en el recinto, el concejal Marcelo Frattini, presidente de la comisión de Legislación, fundamentó el despacho explicando que el proyecto no se limita a trazar una línea rígida en el mapa, sino que genera condiciones adaptables para los desarrolladores. Explicó que, a diferencia de normativas anteriores que exigían superficies mínimas inviables de 10.000 metros cuadrados en áreas rurales, las zonas de expansión potencial permitirán parcelas menores siempre que se verifiquen infraestructuras de servicios integrales y una densidad habitacional mínima de seis viviendas por hectárea. Asimismo, la normativa incorpora formalmente como áreas urbanas a sectores consolidados como los barrios Aeropuerto y Santa Clara, que históricamente arrastraban baches de encuadre legal.
Por su parte, la concejal Valeria Calvi destacó que la ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a instituir una mesa técnica interdisciplinaria. Este espacio colegiado funcionará como un órgano de control y revisión para enmendar falencias operativas sobre la marcha, evitando la discrecionalidad administrativa y resguardando al Estado municipal de eventuales demandas judiciales por parte de los colegios profesionales de la construcción. Los ediles coincidieron en que el texto definitivo sumó aportes críticos surgidos de reuniones ampliadas con la Cámara Empresarial, la Asociación de Comercio y el Colegio de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros de Goya.
Un aspecto medular de la reforma es su carácter de cumplimiento obligatorio para los organismos estatales de vivienda, tales como el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) o los programas nacionales remanentes del FONAVI. El cuerpo legislativo dejó en claro que el poder de policía administrativa se aplicará sin distinciones sectoriales, de modo que el sector público no podrá edificar complejos habitacionales en terrenos inundables por naturaleza. La concejal Vivian Merlo vinculó este avance con las metas estratégicas plasmadas en el «Pacto Goya 2030», un documento de planificación multisectorial en cuya confección intervinieron más de un centenar de instituciones civiles de la ciudad.
Finalmente, el concejal José Novello aportó una perspectiva económica y ambiental sobre el proyecto, señalando que la geografía de los sectores linderos al ejido histórico es predominantemente baja. Al fijar restricciones constructivas preventivas, la norma evitará que el municipio deba destinar partidas presupuestarias millonarias y constantes a resolver contingencias hídricas en asentamientos mal planificados. Con el voto afirmativo de todas las bancadas, el deliberativo local clausuró un debate de años, dotando a la administración de un instrumento moderno de cara a los desafíos de infraestructura y la preservación ambiental de su zona de islas.