Régimen Penal Juvenil 2026: El Congreso retoma el debate para bajar la edad de imputabilidad
El Gobierno nacional confirmó que incluirá la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. El eje central de la discusión será la baja de la edad de imputabilidad, con propuestas que oscilan entre los 13 y los 14 años, buscando actualizar una normativa que data de 1980.
A diferencia de otros proyectos tratados por la actual gestión, desde el oficialismo anticiparon que no se busca una «aprobación exprés». Debido a la complejidad del tema y la necesidad de conformar nuevas comisiones tras el recambio legislativo, se espera un debate extenso que involucre a especialistas en minoridad, justicia y derechos humanos.
Puntos clave del proyecto
El debate no se limita únicamente a la edad. Los borradores y dictámenes previos (como el encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado) proponen un sistema integral que incluye:
- Sanciones alternativas: Para delitos que no resulten en muerte y cuyas penas sean menores a seis años, se contemplan amonestaciones, prohibición de salida del país, monitoreo electrónico y servicios a la comunidad.
- Resocialización: El foco está puesto en la educación obligatoria y el tratamiento de salud de los menores en centros especializados, evitando el sistema tutelar discrecional vigente hoy.
- Derecho de las víctimas: Se busca priorizar la reparación y la celeridad en los procesos judiciales.
El contexto de la reforma
El impulso de la medida cobra fuerza tras crímenes que conmocionaron al país, como los de Jeremías Monzón en Santa Fe y Kim Gómez en La Plata, donde participaron menores de edad. Mientras figuras como Martín Menem sostienen que «el que las hace las paga», sectores de la oposición y especialistas advierten que la baja de la edad, por sí sola, no resolverá el problema de la inseguridad si no se acompaña de una infraestructura adecuada para la reinserción social.
Actualmente, Argentina es uno de los pocos países de la región con una edad de imputabilidad de 16 años, mientras que vecinos como Chile, Uruguay y Brasil poseen regímenes diferenciados que parten desde los 13 o 14 años para delitos graves.
