El debate en torno a la protección de los animales no humanos y la seguridad comunitaria sumó un capítulo legislativo central en Goya. Ingresó formalmente al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza impulsado por el edil Antonio «Tony» Mazzaro que propone la creación del Registro de Maltratadores de Animales Domésticos, de Trabajo y Silvestres en el ámbito municipal. La iniciativa, que ya fue girada a las comisiones de Salud y de Legislación para su correspondiente análisis, fundamenta su necesidad en informes de la psicología social y la criminología que identifican a la crueldad hacia los animales como un indicador directo de riesgo de violencia social e interpersonal.

El proyecto apunta a combatir de manera integral las conductas reguladas por la Ley Nacional 14.346 de malos tratos y actos crueles, abarcando tanto las acciones directas de crueldad como las omisiones que perjudiquen el bienestar de los animales, aun cuando no medie intención explícita de daño. De aprobarse la norma, el registro se constituirá como una herramienta pública de control administrativo y judicial para identificar a los responsables de un cuidado irresponsable, explotación o manejo inadecuado de la fauna urbana y silvestre de la jurisdicción.
En el plano estrictamente punitivo, el texto estipula que el Juzgado de Faltas Municipal será el encargado de aplicar las sanciones a los infractores. La multa de base se fijó en 100 Unidades Fijas (U.F.), previéndose un recargo de otras 100 U.F. en casos demostrados de reincidencia. Además, ante el incumplimiento de las penas dispuestas por la ordenanza, se ejecutará una penalización equivalente al doble del monto originalmente interpuesto, endureciendo la persecución económica contra quienes cometan estas infracciones.
Un punto clave del articulado radica en la cooperación institucional entre las esferas municipal y provincial. Para registrar a aquellas personas que cuenten con condenas firmes en causas penales por maltrato, la autoridad de aplicación local deberá entablar mecanismos de comunicación fluidos con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Corrientes. Este cruce de datos permitirá mantener actualizado el padrón local con la información detallada de los ciudadanos condenados por la justicia ordinaria.
La inscripción en el nuevo registro acarreará inhabilitaciones directas e inmediatas para los infractores. La principal consecuencia administrativa será la prohibición absoluta de tener cualquier tipo de animal a cargo por un período mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha de alta en el sistema. Asimismo, la normativa prevé que el levantamiento de dicha inscripción no podrá ser definitivo hasta transcurridos dos años desde el registro formal del hecho.
Para los casos de reincidencia, la ordenanza contempla una veta educativa: los infractores estarán obligados a asistir a cursos de capacitación obligatorios sobre Derecho Animal dentro de los primeros seis meses de sancionados. Estas jornadas, orientadas a la sensibilización de los animales como sujetos de derecho y a la prevención del abandono, serán dictadas de forma ad honorem por profesionales especializados en la materia que seleccione la Dirección de Bromatología, organismo designado inicialmente como autoridad de aplicación técnica del programa en todo el municipio.