Nuevo recorte nacional: el Gobierno eliminó los subsidios a las empresas de micros por los pasajes gratis para personas con discapacidad
En una medida que profundiza el esquema de ajuste fiscal y desregulación del sector de transporte, el Gobierno nacional eliminó de forma oficial el sistema de compensaciones económicas que el Estado giraba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados por ley a personas con discapacidad, trasplantados y menores con tratamientos oncológicos. A partir de ahora, las compañías privadas deberán absorber el costo total de estos boletos dentro de su estructura operativa.
El fin de las compensaciones por el Boletín Oficial
La decisión se formalizó a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. Mediante este instrumento, el Ejecutivo dejó sin efecto el régimen financiero que subsidiaba el cumplimiento de las leyes nacionales 22.431 (Discapacidad), 26.928 (Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas) y 27.674 (Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer).
Hasta la entrada en vigencia de esta norma, el Estado Nacional reintegraba una parte del valor de cada pasaje emitido sin cargo en las ventanillas de las terminales de ómnibus para asegurar el traslado interjurisdiccional de los pacientes y sus acompañantes hacia centros médicos de mayor complejidad.
El argumento oficial: Libertad de tarifas para absorber el costo
Para justificar la quita del beneficio económico a las transportistas, la Secretaría de Transporte se amparó en el nuevo marco de desregulación del sector (Decreto 883/2024), el cual permite a los operadores «determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios».
Según los considerandos de la resolución:
“La introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad».
Bajo esta lógica de mercado, el Gobierno argumenta que la causa estructural que justificaba el subsidio estatal «ha sido superada», delegando el esfuerzo financiero exclusivamente en las empresas privadas de transporte automotor.
Advierten que el derecho sigue vigente, pero temen trabas en boleterías
La resolución aclara de forma taxativa que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos no ha sido derogada. El beneficio legal para los usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credenciales específicas del INCUCAI sigue siendo plenamente exigible. Para garantizar que las empresas cumplan y no rechacen a los pasajeros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá las tareas de fiscalización y recepción de denuncias en las terminales del país.
Sin embargo, agrupaciones de familiares y prestadores del sector de discapacidad manifestaron su extrema preocupación. Advierten que al no recibir la compensación estatal, las empresas de larga distancia multiplicarán las trabas administrativas, los cupos encubiertos y las negativas en ventanilla para resguardar su rentabilidad, afectando de forma directa a miles de correntinos que dependen de estos micros para asistir a turnos médicos crónicos en Buenos Aires o la capital provincial.
El recorte se suma al persistente conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso el año pasado pero aún no implementada por la administración central, en medio de un escenario de judicialización permanente y desamparo para las prestaciones de salud del sector.
