«Más oportunidades que penas»: La Iglesia ratifica su rechazo a bajar la edad de imputabilidad
Ante la decisión del Gobierno nacional de incluir la reforma del Código Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias de febrero, la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) volvió a manifestar su firme oposición. La institución religiosa advirtió que reducir la edad de imputabilidad es una «idealización» que no resuelve el problema de fondo de la inseguridad.
A través de la reedición de su documento estratégico de 2025, los obispos sostienen que la delincuencia juvenil es el síntoma de una crisis mucho más profunda. Para la Iglesia, la solución requiere «grandeza política» para abordar problemáticas transversales que hoy empujan a los menores al conflicto con la ley.
Los ejes del planteo eclesiástico
El análisis de la Pastoral Social se apoya en tres pilares fundamentales que, según consideran, el proyecto oficialista no contempla con suficiencia:
- El Narcotráfico como motor: Los obispos señalan que el consumo de drogas y el avance del narcotráfico en los barrios son las «principales causas de la violencia». Sostienen que el Estado debe combatir a las organizaciones criminales en lugar de centrar la respuesta en los eslabones más jóvenes y vulnerables.
- Estadísticas vs. Percepción: El documento remarca que, según datos oficiales, los menores no son los responsables de la mayoría de los delitos. Advierten que los casos de «violencia extrema» suelen ser utilizados para fortalecer medidas que «suenan bien en periodos electorales» pero que son ineficaces a largo plazo.
- La «Cultura del Cuidado»: La Iglesia propone un cambio de paradigma hacia un sistema que garantice educación, formación laboral y contención familiar. Según el Episcopado, el vacío que dejan los adultos y el Estado es llenado por «las drogas, las armas o el cementerio».
Un llamado al debate profundo
La Pastoral Social concluye que la sociedad argentina padece las consecuencias de administraciones que no han logrado crear una cultura del trabajo. Por ello, exigen que el debate en el Congreso no sea una discusión superficial, sino un compromiso para diseñar políticas públicas que ofrezcan a los adolescentes un «verdadero proyecto de vida» y una salida que no sea el sistema carcelario.
