Lavado de activos en Pueblo Libertador: siete allanamientos y una conexión con el narcotráfico formoseño
La tranquilidad de la localidad de Pueblo Libertador se vio interrumpida este miércoles por un despliegue masivo de la Gendarmería Nacional. En el marco de una investigación por lavado de activos, bajo las órdenes de la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y el fiscal Mariano de Guzmán, se ejecutaron siete allanamientos simultáneos que incluyeron domicilios particulares, estudios contables y dependencias de la Municipalidad local.
El operativo, que movilizó a personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya y especialistas en Delitos Económicos, puso el foco en una mujer de apellido Cáceres y un hombre de apellido Cejas. Según trascendió, la investigación busca determinar el origen de fondos utilizados para la adquisición de propiedades y cabañas en la zona, bajo la sospecha de que provendrían de actividades ilícitas.
Un pasado ligado al narcotráfico El nombre de la principal investigada no es nuevo para la Justicia Federal. Cáceres cuenta con un antecedente de alto impacto: en 2016 fue detenida tras volcar con una camioneta que transportaba 50 kilos de cocaína. En aquel episodio cobró notoriedad nacional ya que viajaba junto a su suegro, Pedro Bareiro, quien por entonces se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Economía de la provincia de Formosa.
Por aquel hecho, Cáceres cumplió una condena de 4 años de prisión. Tras recuperar su libertad, se radicó en Pueblo Libertador, donde su elevado nivel de vida y movimientos comerciales volvieron a encender las alarmas de los organismos de control financiero.
Documentación y «estudios contables» bajo la lupa Los uniformados secuestraron una importante cantidad de documentación contable, soportes digitales y elementos de interés para la causa. Además de las viviendas privadas, la irrupción en la Municipalidad de Pueblo Libertador busca verificar posibles nexos administrativos o habilitaciones irregulares que pudieran haber facilitado las maniobras de lavado.
Hasta el momento, la Justicia mantiene un estricto hermetismo sobre posibles detenciones, aunque fuentes cercanas a la investigación confirman que el análisis de los documentos incautados será clave para determinar la red de testaferros y sociedades que operarían en la región.
