La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. En un fallo unánime de sus tres miembros, el máximo tribunal ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la expresidenta fue absuelta del delito de asociación ilícita, un cargo que había sido solicitado por la fiscalía.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron de manera conjunta todos los argumentos presentados por la defensa de Cristina Kirchner para revertir la condena.
«Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación», justificaron los magistrados en su fallo.
La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la causa Vialidad. En aquel entonces, el tribunal también la había absuelto del delito de asociación ilícita.
La Corte explicó que los reclamos de la defensa implicaban «examinar cuestiones —de hecho y prueba en muchos casos, ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema— tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada, las relaciones personales y comerciales que unían a Fernández de Kirchner con Lázaro Báez», entre otros puntos.
Para los ministros, se pudo acreditar que «la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro requerido por el tipo». Subrayaron que «esas circunstancias, valoradas ya por dos instancias judiciales, llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial ‘relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados'».
La causa Vialidad, iniciada en 2016, investigó si el empresario Lázaro Báez fue favorecido con la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Kirchner de haber redirigido estas obras en beneficio de Báez, causando un perjuicio a la administración pública.