A dos años exactos del hecho que conmovió las fibras más íntimas de la sociedad argentina, la provincia de Corrientes es sede desde este martes del juicio oral y público tendiente a esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña. El proceso judicial, considerado uno de los más complejos y resonantes del país, se puso en marcha bajo estrictas medidas de seguridad en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad capital, donde durante la jornada inaugural se procedió a la lectura formal de las piezas acusatorias elaboradas por el Ministerio Público Fiscal y las respectivas querellas de la familia.

Las dimensiones del debate oral exigen una logística sin precedentes para los tribunales federales de la región. De acuerdo con el cronograma y las estimaciones provistas por las autoridades judiciales, el juicio contará con la comparecencia de más de 200 testigos y se prevé que las audiencias se extiendan por un lapso no menor a los seis meses. Inicialmente, el tribunal dispuso que las jornadas de debate se desarrollen durante tres días a la semana, reservando los primeros encuentros para resolver las cuestiones preliminares de las defensas y dar lugar a las declaraciones indagatorias de los acusados.
La fiscal federal general Tamara Pourcel, quien lidera la acusación pública en el juicio, explicitó la fuerte expectativa que mantiene el Ministerio Público Fiscal respecto al comportamiento procesal de los principales implicados. La funcionaria judicial remarcó de manera directa que las siete personas que llegan al banquillo acusadas por la sustracción y el ocultamiento del menor son las únicas que poseen el conocimiento real sobre lo acontecido aquel 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, perteneciente a la localidad de 9 de Julio.
«Tenemos expectativas de que los imputados se quiebren, que nos digan qué fue lo que pasó con Loan, porque como sabemos, las únicas personas que saben qué sucedió con él son estas siete personas que se encuentran imputadas de la sustracción», aseveró la fiscal Pourcel, evidenciando que la estrategia de la acusación apuntará firmemente a resquebrajar el pacto de silencio que los sospechosos mantuvieron a lo largo de una instrucción penal plagada de hipótesis cruzadas, peritajes contradictorios y denuncias de encubrimiento institucional.
Para la comunidad de Goya y las localidades del departamento homónimo, el inicio de este juicio posee un impacto directo y cotidiano. La cercanía con 9 de Julio y el hecho de que gran parte de las instancias investigativas iniciales, marchas y detenciones hayan cruzado de forma constante los juzgados y fuerzas de seguridad con base en nuestra ciudad, mantienen a la población en un estado de permanente vigilia. Las implicancias sociopolíticas del caso redefinieron la confianza de los vecinos del interior provincial en los mecanismos de cuidado de las infancias y en el accionar de las cúpulas policiales de las pequeñas comunas.
El cronograma judicial determinó que el próximo jueves se vivirá una de las jornadas más sensibles del debate con el inicio de las declaraciones de los familiares directos de la víctima. El tribunal escuchará los testimonios de María Noguera y José Peña, padres del niño, y de su hermano Mariano, quienes han encabezado las movilizaciones populares en la región. Se espera que sus declaraciones aporten precisiones definitivas sobre las horas previas y posteriores al almuerzo familiar donde el menor fue visto por última vez, marcando el inicio de la etapa probatoria más crucial del juicio.
El proceso reúne un total de 17 personas imputadas con diferentes grados de responsabilidad. El núcleo central lo integran siete acusados por la presunta coautoría en la sustracción del menor, conformado por Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, Daniel «Fierrito» Ramírez, Mónica Millapi y el excomisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel. Según las directivas del tribunal, todos ellos participarán de las audiencias de manera estrictamente presencial.
Por otra parte, un segundo grupo compuesto por diez imputados deberá afrontar cargos criminales vinculados al presunto entorpecimiento y desvío de la investigación penal durante las semanas posteriores a la desaparición. La resolución de este juicio no solo buscará determinar las penas correspondientes para los responsables materiales de la sustracción, sino desarmar el entramado de encubrimiento logístico que impidió, hasta el día de hoy, conocer el paradero de Loan Danilo Peña.