La cuarta jornada del debate oral y público por la muerte de Carlos Andrés Bartlett estuvo marcada por un planteo de gravedad institucional en el Tribunal de Juicio de Goya. Durante el desarrollo de la audiencia, en la que prestaron declaración cinco testigos convocados por las partes, el bloque acusador solicitó formalmente que se extraigan copias de las actuaciones para investigar a dos integrantes de la Policía de Corrientes por la presunta comisión del delito de falso testimonio.

El requerimiento fue formulado bajo las prescripciones del artículo 275 del Código Penal argentino, normativa que sanciona a los testigos, peritos o intérpretes que afirmen una falsedad o nieguen o callen la verdad en todo o en parte en su deposición ante la autoridad competente. De acuerdo con los fundamentos expuestos en la sala de audiencias de calle Ejército Argentino al 550, los efectivos policiales habrían incurrido en contradicciones sustanciales y omisiones deliberadas con el propósito de beneficiar la situación procesal de los dos uniformados que enfrentan el banquillo de los acusados.
El planteo de la acusación introdujo un nuevo factor de fricción en un proceso judicial seguido de cerca por familiares, organismos de derechos humanos y la comunidad goyana. Con este pedido, el eje del debate trasciende la reconstrucción estricta del operativo policial ocurrido durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024 en inmediaciones de calle 9 de Julio y Ferré, poniendo bajo la lupa la veracidad de los relatos institucionales brindados bajo juramento en el estrado.
El Tribunal de Juicio, presidido por el doctor Jorge Claudio Venialgo e integrado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal, deberá evaluar en la instancia procesal correspondiente la remisión de los antecedentes al Ministerio Público Fiscal de turno. De prosperar la solicitud, se abrirá un expediente penal paralelo destinado a determinar si existió encubrimiento o mendacidad por parte de los funcionarios policiales durante la etapa de producción de pruebas.
El juicio oral juzga la responsabilidad penal del sargento Santiago Emiliano Molina y del cabo Sergio Matías Maciel, quienes se desempeñaban en la Comisaría Primera al momento del hecho. Mientras la Fiscalía sostiene la imputación principal por homicidio agravado por la condición funcional (artículo 80, inciso 9 del Código Penal) y de manera alternativa por exceso en el cumplimiento del deber, la querella particular y el Comité de Prevención de la Tortura mantienen también la acusación alternativa por imposición de torturas seguidas de muerte.
Con más de medio centenar de testimonios aún pendientes dentro de una lista global de 68 citados, las audiencias continuarán desarrollándose durante noviembre y las primeras semanas de diciembre en doble turno. La denuncia por falso testimonio ratifica la complejidad probatoria de una causa que interpela de lleno los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en Goya y toda la provincia de Corrientes, camino al veredicto programado para el próximo 16 de diciembre.