Un grave hecho que combina violencia de género e institucional sacude a la localidad de Saladas y a la cúpula de la Policía de Corrientes. La investigación judicial y administrativa que se encuentra en curso derivó en el inmediato pase a pasividad y apartamiento del cargo del comisario inspector al frente de la Comisaría Primera de esa ciudad, tras confirmarse una denuncia por abuso sexual en perjuicio de una subalterna.

El suceso se desencadenó luego de una celebración oficial de la fuerza, ámbito en el que el jefe policial habría abusado de la cabo sin su consentimiento, escena que fue presenciada por la pareja de la mujer. Lejos de proteger a la víctima o de canalizar la denuncia por las vías institucionales, sobre la efectiva sobrevino una brutal paliza por parte de su pareja, quien malinterpretó lo ocurrido en la dependencia.
De acuerdo con las actuaciones y los testimonios brindados por la familia de la víctima, la mujer policía sufrió severas agresiones físicas durante el trayecto hacia su domicilio y en el interior de su vivienda. Tras quedar inconsciente producto de los golpes, sus propios familiares debieron asistirla y dar aviso a los servicios de emergencia ante la gravedad de sus lesiones.
Dada la complejidad del cuadro de salud de la cabo, la Jefatura de Policía en coordinación con los familiares dispuso su traslado de urgencia desde el hospital local hacia un centro médico de mayor complejidad en la capital provincial. Paralelamente, la justicia investiga presuntas amenazas telefónicas que habría recibido el entorno cercano de la víctima en las últimas horas.
Ante la trascendencia del hecho y los testimonios vertidos por camaradas de la fuerza que presenciaron el accionar del superior, la Jefatura de Policía ordenó la apertura inmediata de un sumario administrativo interno. La medida dispuesta por la plana mayor implicó el relevo del comisario inspector implicado y su pase a pasividad mientras se sustancia el proceso.
En el ámbito penal, las autoridades judiciales avanzan en la toma de declaraciones al personal que estuvo presente en el lugar y en la recolección de peritajes para imputar formalmente las responsabilidades del caso. La actuación judicial busca esclarecer tanto la conducta del funcionario público por abuso de autoridad y agresión sexual, como las responsabilidades penales de la pareja de la víctima en el marco de la ley de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres.
El caso reabrió el debate en la provincia de Corrientes sobre los protocolos de actuación frente a episodios de violencia que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad. Organizaciones sociales y referentes comunitarios señalaron la urgencia de fortalecer los mecanismos de denuncia interna para que las mujeres policías puedan exponer situaciones de acoso o abuso sin quedar expuestas a represalias laborales o episodios de violencia intrafamiliar.
La comunidad de Saladas y la región siguen con atención la evolución médica de la efectivo agredida, a la espera de que el avance judicial garantice la aplicación de las sanciones correspondientes para los responsables de ambos hechos.