Impulsan en Goya el fin del pago obligatorio de multas para tramitar la licencia de conducir
El debate por la simplificación de trámites administrativos en Goya ha sumado un capítulo de alto voltaje político. Los concejales de la oposición, Valeria Calvi y Nahuel Cabrol, presentaron formalmente un proyecto de ordenanza que busca prohibir que la Municipalidad exija el pago de multas de tránsito como requisito para obtener o renovar la licencia de conducir. La iniciativa, que se fundamenta en la defensa de derechos constitucionales, pone ahora la lupa sobre el bloque oficialista, que ostenta la mayoría necesaria para habilitar o bloquear el cambio.
El eje central de la propuesta sostiene que el ejercicio de conducir es un derecho que no puede verse cercenado por una deuda administrativa. Según los fundamentos del proyecto, el cobro de infracciones debe canalizarse exclusivamente a través de las vías administrativas o judiciales correspondientes, sin que esto se convierta en un obstáculo para la tramitación del carnet. Los autores argumentan que la exigencia actual de un «libre deuda» colisiona directamente con principios constitucionales fundamentales.
Para el vecino de Goya, esta medida representaría un alivio significativo en términos de burocracia y carga económica inmediata al momento de renovar su habilitación. Actualmente, muchos conductores se encuentran con la imposibilidad de regularizar su situación frente al volante debido a multas acumuladas que —bajo la normativa actual— actúan como un bloqueo forzoso. De prosperar la ordenanza, el municipio deberá separar el proceso de juzgamiento de faltas del proceso de otorgamiento de licencias.
La iniciativa ya cuenta con la adhesión de los concejales Marcos Gonzalez, Oscar Ferrero, Elaida Fernandez y Belén Goga, lo que anticipa un respaldo diverso dentro del cuerpo legislativo. El debate se da en un contexto de creciente modernización del Estado municipal, donde se busca simplificar trámites y eliminar requisitos que, desde la óptica de los presentantes, operan más como un mecanismo de recaudación coercitivo que como una herramienta de seguridad vial.
El impacto local no es menor. De aprobarse, Goya se alinearía con recientes fallos judiciales en distintas partes del país que han declarado inconstitucional el requisito del pago previo de multas para trámites de licencia. Los impulsores del proyecto destacan que esto no implica una amnistía para los infractores, sino que garantiza que la Municipalidad utilice los procedimientos de cobro legales (como el apremio o el juicio ejecutivo) sin extorsionar al ciudadano con la retención de su derecho a circular.
Finalmente, el proyecto pasará a las comisiones correspondientes para su análisis técnico y legal. La discusión promete ser intensa, ya que pone en juego la autonomía municipal sobre la regulación del tránsito frente a los derechos individuales. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda con expectativa una resolución que podría agilizar de manera definitiva uno de los trámites más demandados en la administración comunal.
