Tras completarse las pericias iniciales, la Justicia de Goya dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de golpear, torturar con cables y abusar sexualmente de manera sistemática de sus dos hijas de 14 y 11 años. El imputado permanece alojado en los calabozos de la Comisaría Primera local mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con la recolección de pruebas de cara al juicio.

El aberrante caso de violencia institucional e intrafamiliar se descubrió el pasado martes 12 de mayo, cuando la mayor de las hermanas, de 14 años, se presentó a clases en su colegio secundario con marcas visibles de violencia física en su cuerpo. Al advertir la situación, una docente la apartó del curso y, tras ganarse su confianza, la alumna rompió en llanto y confesó el tormento que vivía junto a su hermana menor.
Según relató la menor, los abusos por parte de su progenitor eran de larga data y ocurrían cuando la madre no se encontraba en la finca. El último y más violento castigo físico ocurrió el lunes 11 de mayo, cuando el acusado la atacó ferozmente utilizando cables eléctricos con el único fin de infundirle terror y obligarla a mantener el silencio.
La dirección de la escuela activó de inmediato el protocolo de emergencia, dando aviso a la Policía de Corrientes y a la Unidad Fiscal de Goya, coordinada en esta causa por la Dra. María Eugenia Ballará. Tras los exámenes médicos de rigor en el Hospital Regional «Camilo Muniagurria», que confirmaron de manera científica signos compatibles con abusos sexuales crónicos en ambas niñas, se ordenó la inmediata detención del agresor.
Las dos víctimas continúan bajo estricta observación médica y contención psicológica en el centro de salud local. Para evitar los efectos de la revictimización, la fiscal Ballará solicitó de forma urgente la realización de declaraciones en Cámara Gesell para ambas hermanas. Asimismo, se citó bajo el mismo formato a un hermanastro de las víctimas que no reside en la vivienda familiar y a una compañera de escuela que habría sido el eslabón clave al alentar a la víctima a denunciar el calvario ante las autoridades escolares.
El expediente judicial sumó los informes de los profesionales médicos del hospital y las declaraciones testimoniales del personal docente. En paralelo, la Fiscalía solicitó un minucioso examen socioambiental en el domicilio para determinar el contexto diario en el que se desenvolvía la familia.
Hasta el momento, la madre de las menores no se encuentra imputada en la causa, aunque fuentes judiciales confirmaron que su situación procesal es inestable y podría modificarse drásticamente si se comprueba una conducta de complicidad o encubrimiento por omisión. En su declaración testimonial defensiva, la mujer aseguró que «no se dio cuenta» del momento exacto en el que su esposo castigaba a la mayor de sus hijas con cables.
Finalmente, el Juzgado de Familia de Goya tomó intervención directa en el caso para instrumentar las medidas de protección de persona correspondientes y definir el otorgamiento de la guarda institucional o familiar de las menores una vez que los médicos les otorguen el alta hospitalaria.