El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), oficializó mediante la resolución 2026-36 la adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 1/2025 para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul —que realiza las tareas operativas en la traza desde hace tres décadas— y la empresa Servimagnus S.A., resultó ganador del proceso al ser considerado el orden de mérito más conveniente para el Estado. El contrato establece una concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario, sin aval estatal, por un plazo de 25 años prorrogable por otros 5.

La definición de este proceso concluye meses de incertidumbre en el sector agroexportador e industrial del país. El oferente ganador proyectó una facturación anual promedio de US$628,2 millones, lo que representaría un negocio global estimado en US$15.707 millones hacia el término del período contractual. De acuerdo al cronograma de inversión aprobado por las autoridades de control, el consorcio privado concentrará el mayor esfuerzo de inyección de capital en infraestructura pesada entre los años 1 y 7 de la concesión, estimando comenzar la toma de ganancias netas recién a partir del año 16 de operación continuada.
El pliego técnico de la licitación prevé una ejecución por etapas para transformar la fisonomía de la principal autopista fluvial argentina, por donde actualmente circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales. La denominada «Etapa 0» demandará entre nueve meses y un año, enfocándose exclusivamente en tareas de dragado de mantenimiento para asegurar el calado y las condiciones de navegabilidad actuales sin introducir modificaciones estructurales.
Posteriormente, se iniciará la «Etapa 1», un tramo de dos años de ejecución que elevará la profundidad del Río de la Plata a 36 pies y la ruta Guazú Bravo a 34 pies. La fase más determinante para el norte fluvial será la «Etapa 2», planificada para ejecutarse entre el segundo y tercer año del contrato. En este período, se avanzará con la profundización del tramo del Río Paraná hasta la localidad santafesina de Timbúes para alcanzar los 40 pies sustentables. Las proyecciones oficiales contempladas en la adjudicación anticipan que los tránsitos navieros desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte —el área de influencia directa de las costas correntinas— registrarán un incremento acumulado del 52,4% a lo largo de la concesión.

Para la provincia de Corrientes y los sectores productivos de la microrregión de Goya, la estabilidad y ampliación de la Hidrovía representa una variable crítica en la estructura de costos de transporte y competitividad regional. Aunque el dragado profundo a 40 pies llega inicialmente hasta los puertos del cordón santafesino, la optimización general del sistema de balizamiento y la eliminación de cuellos de botella fluviales dinamizan de manera directa los convoyes de barcazas que descienden desde el norte del país y los puertos de la región NEA.
Un informe de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC) detalla que cada pie adicional de profundidad que se logra en la hidrovía permite sumar aproximadamente 2.200 toneladas de carga por buque. Al consolidar un calado de 38 a 40 pies río abajo, se genera una reducción estructural de entre el 9% y el 11% en la cantidad total de buques necesarios para mover la cosecha y la producción industrial, lo que equivale a evitar el ingreso de hasta 230 barcos anuales. Este reordenamiento logístico se traduce en un ahorro sistémico para la economía argentina de entre US$375 y US$456 millones de dólares por año, amortizando con creces las variaciones de las tarifas de peaje que abonarán los usuarios de la vía navegable.
Tras vencerse el plazo legal de siete días para la presentación de impugnaciones por parte de otros oferentes, la Anpyn procederá a publicar formalmente el acto de adjudicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Conforme a las pautas estrictas del pliego de bases y condiciones, el consorcio Jan De Nul – Servimagnus dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para realizar la firma definitiva del contrato. Antes de dicha rúbrica, la empresa deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías de cumplimiento contractual por un monto de US$40 millones ante el concedente estatal.
Asimismo, el operador privado estará obligado por contrato a cumplir de manera estricta con las normativas ambientales provinciales y nacionales vigentes, debiendo tramitar autorizaciones específicas para cada etapa de reconfiguración del lecho del río Paraná. La fiscalización constante de los trabajos de dragado resultará indispensable para preservar el ecosistema hídrico local y los recursos pesqueros del Paraná medio, garantizando que el desarrollo de la infraestructura de transporte internacional no colisione con el equilibrio ambiental de las poblaciones costeras correntinas.