El Gobierno nacional, a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear, el programa de acceso a la vivienda creado en 2012. Esta medida, que genera incertidumbre en miles de familias, implica el cese de la intervención estatal directa en la financiación de viviendas.
El Ministerio de Economía fundamentó la decisión en la necesidad de «mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto», argumentando que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales.
Una de las principales preocupaciones es el destino de los créditos hipotecarios y personales ya otorgados por Procrear. El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos préstamos quedará a cargo del Banco Hipotecario S.A. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales originales, incluyendo monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago. Esto garantiza la seguridad jurídica y no alterará las obligaciones de los beneficiarios. La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos se mantendrá bajo el Banco Hipotecario.
Respecto a las cerca de 17.000 viviendas en desarrollo en distintos puntos del país, el Gobierno resolvió que su continuación y finalización quedará en manos de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado. Este proceso ya se inició en 2024 con la transferencia de proyectos inconclusos a diversas jurisdicciones, como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
Las viviendas terminadas pero aún no adjudicadas podrían incorporarse al mercado a través de ventas directas, lo que representaría un cambio significativo respecto al tradicional sistema de sorteos del Procrear.
La eliminación del Procrear se enmarca en una reforma más amplia que busca replegar la intervención estatal directa en materia de vivienda, cediendo el protagonismo a los bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. El acceso al crédito hipotecario, en adelante, dependerá de las condiciones del mercado financiero. El Ministerio de Economía se encargará de la liquidación definitiva del fondo, la administración de los bienes y la garantía de cumplimiento de las obligaciones pendientes.