La 49ª Fiesta Nacional del Surubí en Goya suma un antecedente judicial de peso en materia de responsabilidad familiar. El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, a cargo de la doctora María Gabriela Dadone, dictó una medida restrictiva contra un pescador local que, por su condición de deudor alimentario, quedó inhabilitado para participar de cualquier actividad vinculada al evento náutico y cultural.

La sanción judicial es amplia y no se limita solo a la competencia deportiva. El infractor tiene prohibido el ingreso al predio Costa Surubí, no podrá asistir a los espectáculos en el escenario mayor ni permanecer en las zonas de pesca. Además, en una acción coordinada con Prefectura Goya, se procedió a la suspensión de su carnet de timonel en el Sistema Integrado de Buques, impidiéndole legalmente cualquier tipo de navegación durante el certamen.
Este caso cuenta con un agravante de reincidencia que pesó en la severidad de la resolución. El ciudadano ya había sido sancionado en el año 2025 por el mismo motivo; en aquella oportunidad, regularizó su deuda para poder participar y prometió cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, tras la finalización del evento del año pasado y hasta finales de abril de este año, volvió a interrumpir el pago de la cuota alimentaria de su hija.
El impacto de esta medida en Goya es significativo, ya que utiliza el acceso a la fiesta popular más importante de la región como una herramienta de presión para garantizar los derechos de menores. En una ciudad donde el «Mundial de Pesca» es el epicentro de la vida social, la imposibilidad de ingresar al predio o participar de la largada de lanchas representa una sanción moral y recreativa que busca forzar el cumplimiento de la ley de fondo.
Desde el ámbito judicial se busca enviar un mensaje claro sobre la jerarquía de derechos: el disfrute de eventos recreativos y deportivos de élite es considerado un privilegio que no puede ser ejercido por quienes mantienen deudas básicas de subsistencia con sus hijos. La rigurosidad de la medida refleja una tendencia creciente en la justicia correntina de aplicar restricciones de alta visibilidad para deudores morosos.
Mientras las 1.400 embarcaciones se preparan para el gran despliegue del sábado, este fallo judicial instala un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad de los participantes. La decisión de la doctora Dadone deja sentado que, para ser parte de la identidad pesquera goyana, el cumplimiento de los deberes familiares es un requisito tan obligatorio como tener la documentación náutica en regla.