Escándalo institucional en Sauce: la Policía Federal allanó el municipio y la casa del intendente Carlos Romano por presunta corrupción
La localidad correntina de Sauce se encuentra conmocionada tras un masivo despliegue de las fuerzas federales de seguridad. Por orden de la Justicia provincial, el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó cinco allanamientos simultáneos que incluyeron el edificio de la Municipalidad, el Honorable Concejo Deliberante, distintas dependencias gubernamentales y los domicilios particulares del intendente Carlos Romano y del auditor municipal Pablo Gauna.
Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una causa penal que investiga presuntas irregularidades graves y sistemáticas en la administración de los recursos financieros del municipio. Durante los operativos, los agentes federales lograron secuestrar un importante volumen de documentación oficial, registros contables, soportes digitales y equipos informáticos. Todo el material fue incorporado de inmediato a la causa y permanece bajo custodia para las correspondientes pericias técnicas.
El origen de la denuncia: «Anomalías de carácter sistemático»
La investigación penal se originó a partir de una presentación formal realizada por la concejal Griselda Zajur, quien viene denunciando públicamente un modus operandi de defraudación en la comuna. Según la presentación judicial, existen «anomalías de carácter sistemático» en los procesos de facturación, compras directas a proveedores seleccionados, llamativa falta de controles internos y un manejo discrecional del presupuesto asignado a la administración local de la localidad de Sauce.
El detonante definitivo de las medidas de fuerza ocurrió durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, celebrada el 30 de noviembre de 2025. En esa oportunidad, la concejal Zajur rechazó de plano la aprobación de las ejecuciones presupuestarias de distintos períodos de la gestión de Romano. Al no obtener respuestas institucionales claras sobre el destino de las partidas, la edil formalizó la denuncia penal el 9 de diciembre del año pasado, solicitando la inmediata intervención de la Justicia ordinaria.
Un trasfondo de tensión política y antecedentes en la mira
El conflicto judicial en Sauce tiene un fuerte componente político de arrastre local. En las últimas elecciones municipales de agosto de 2025, el actual intendente Carlos Romano logró su reelección en un escenario de extrema paridad, imponiéndose sobre la propia Zajur por una diferencia de apenas 14 votos. Este ajustado resultado electoral sumió al municipio en un clima de permanente tensión legislativa, donde el control del gasto público se convirtió en el principal eje de disputa entre el oficialismo y la oposición.
Asimismo, la localidad cuenta con antecedentes recientes de intervenciones judiciales por sospechas de corrupción en el manejo de las arcas públicas. En junio de 2020, la misma concejal había denunciado a la entonces intendenta Irma Obregón Torossi, proceso que también salpicó al auditor Gauna y al contador César Darío Lancieri, y que derivó en el secuestro de carpetas administrativas en el legislativo comunal. Esta recurrencia institucional preocupa a los sectores productivos y comerciales de la microrregión, que dependen de la transparencia pública para el desarrollo de obras básicas.
El rol de la Fiscalía de Curuzú Cuatiá y los pasos a seguir
La causa penal es llevada adelante por la Fiscalía de Investigaciones Concretas, bajo la conducción de la doctora Clara Belén Arrúa, y cuenta con el control del Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Las autoridades judiciales decretaron el secreto de sumario sobre el expediente para garantizar la integridad de las pruebas digitales e informáticas recuperadas en los computadores del área de Tesorería y Contaduría del municipio allanado.
En las próximas semanas, los peritos contables de la fuerza federal iniciarán el entrecruzamiento de datos entre las órdenes de pago municipales y las facturas emitidas por los proveedores bajo sospecha. En el plano político local, no se descarta que el Concejo Deliberante evalúe la conformación de una comisión investigadora especial para analizar la conducta del intendente Romano y del auditor Gauna, mientras la Justicia define las imputaciones formales y las citaciones a declaración indagatoria.
