El microcentro de la capital correntina se convirtió este martes en el escenario de una protesta que sacude los cimientos del Poder Judicial de la región. El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, lideró una movilización frente a las dependencias federales de la calle 25 de Mayo bajo una consigna tajante: poner fin al maltrato laboral. Sin embargo, el reclamo gremial derivó rápidamente en una denuncia de ribetes escandalosos que apunta directamente contra la Dra. Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya.

Durante la manifestación, que contó con el respaldo de la Regional 15 del gremio, Piumato no ahorró calificativos para describir la situación interna del juzgado goyano. Según el dirigente, existe un esquema sistemático de hostigamiento y abuso de poder ejercido por la magistrada. «No puede ser que permita la destrucción de la salud de compañeras y compañeros», disparó el sindicalista, vinculando directamente este clima de maltrato con un intento de la jueza por ocultar supuestas irregularidades administrativas.
El punto más álgido de la jornada llegó cuando Piumato reflotó una causa de contrabando que se tramita en el Tribunal Oral Federal. Según el relato del líder de la UEJN, un imputado por el ingreso de mercadería ilegal desde Brasil habría señalado a Pozzer Penzo como la destinataria de diversos bienes. El dirigente fue explícito al mencionar que la magistrada habría recibido «porcelanatos brasileros» e incluso un televisor de 50 pulgadas de manos de un contrabandista, datos que, asegura, constan en los expedientes judiciales.
Para nuestra ciudad, este conflicto tiene un impacto institucional profundo. El Juzgado Federal de Goya, que recientemente adquirió una visibilidad nacional sin precedentes por la instrucción del caso Loan, queda ahora envuelto en una crisis de legitimidad interna. El cuestionamiento de Piumato no solo afecta la imagen personal de la magistrada, sino que pone bajo la lupa la transparencia de las causas que se tramitan en la jurisdicción, afectando la confianza de la comunidad goyana en su principal estamento de justicia federal.
La movilización también sirvió como plataforma para reclamar por el retraso salarial del sector, aunque el foco permaneció en la inacción del Consejo de la Magistratura. Piumato cuestionó abiertamente por qué el organismo nacional aún mantiene en su cargo a una funcionaria con tales denuncias. «No entendemos por qué mantienen una vergüenza así», sentenció frente a los manifestantes, redoblando la presión sobre las autoridades nacionales para que intervengan en la sede judicial de nuestra localidad.
Mientras el clima de tensión crece en los pasillos del juzgado de Goya, se espera que estas declaraciones disparen nuevas actuaciones en el Consejo de la Magistratura. Por ahora, el silencio domina la sede judicial de la calle Belgrano, mientras los ecos de la marcha en la capital provincial resuenan con fuerza, marcando un quiebre en la relación entre el personal judicial y la titular de la dependencia.