En sintonía con el PJ nacional, concejal de Goya reclamó por la liberación y el fin de la proscripción de Cristina Kirchner
Alineamiento con la estrategia nacional del peronismo
En consonancia con la postura adoptada a nivel federal por diputados y senadores de la Nación, quienes brindaron una conferencia de prensa conjunta desde los bloques de Unión por la Patria y el Partido Justicialista para rechazar la proscripción de la expresidenta y las condiciones de su condena, la agenda de la dirigencia nacional tuvo un reflejo directo en el plano institucional local. Durante la 8ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Goya, la representación del bloque opositor utilizó el estrado parlamentario para sumarse formalmente a la campaña de denuncia por persecución judicial.
La edil goyana Eladia Fernández (Nuevo Encuentro) tomó la iniciativa en el bloque de Libre Uso de la Palabra. Al cumplirse un aniversario de la sentencia que dictó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la dos veces mandataria, Fernández enmarcó el hecho como un quiebre para el sistema republicano.
«No representa un triunfo de la justicia, sino la confirmación de un proceso de persecución política y judicial que tiene como verdadero objetivo mutilar la libre elección de las mayorías populares», argumentó la concejal local, replicando los ejes discursivos vertidos por los legisladores nacionales en el Congreso.
Denuncia de Lawfare y el rol de las corporaciones
En su alocución ante el cuerpo deliberativo de Goya, Fernández sostuvo que el fallo de los tribunales federales no puede analizarse de forma aislada, señalando que responde a una estrategia de disciplinamiento hacia los líderes populares de la región. La edil ligó la proscripción legal con el intento de magnicidio que precedió al derrotero judicial, catalogándolo como una continuación del mismo intento de eliminación por vías institucionales.
«A Cristina Fernández de Kirchner no se le perdona su inteligencia, su firmeza, el ser mujer, ni su capacidad de conducción, pero sobre todo no se le perdona haber encarnado un proyecto que amplió derechos en función de las mayorías. Proscribir a la dirigencia que representa a una porción mayoritaria de la población es achicar la democracia», sentenció Fernández.
El planteo de la concejal fue respaldado de forma interna por su par, el edil Emanuel Blanco (Vamos Peronistas). Blanco reforzó el enfoque del justicialismo local al afirmar que la modalidad del lawfare está plenamente comprobada en la Argentina y que el avasallamiento a los líderes latinoamericanos busca desbastar las democracias de la región para que las corporaciones decidan el rumbo económico de los países.
El contrapeso de la oposición en el recinto
Como complemento del debate y en representación del bloque oficialista, la concejal Mónica Cortinovis (PL) intervino para fijar una posición antagónica respecto a la lectura institucional del peronismo. Rechazó que el proceso responda a razones de odio o proscripción política.
Cortinovis argumentó que la situación procesal de la expresidenta es el resultado ordinario de una investigación penal sobre la administración de los fondos públicos. «El hombre arriesga su propio destino cada vez que elige, y esta persona eligió cuando determinó que era la dueña de todo el patrimonio de la nación argentina a discreción», manifestó la edil oficialista , concluyendo que los ciudadanos argentinos requerían una respuesta de los magistrados ante el vaciamiento del Estado. En una línea idéntica, la concejal Vivian Merlo (UCR) tomó la palabra para avalar las declaraciones de Cortinovis y ratificar el funcionamiento independiente de los poderes de la República.
