La comunidad educativa de Goya se vio sacudida por un sorpresivo operativo oficial que dejó al descubierto graves inconsistencias en la oferta de formación profesional de la región. Personal dependiente de la Dirección General de Enseñanza Privada (DiGEP), bajo la órbita del Ministerio de Educación de Corrientes, procedió a colocar fajas con la leyenda de «CLAUSURADO» en el frente del edificio de un conocido instituto de nivel superior que dictaba clases en la ciudad.

Las actuaciones ministeriales quedaron formalmente plasmadas con fecha de este viernes 29 de mayo de 2026. Aunque el Ministerio de Educación provincial ha manejado los detalles del expediente con extrema cautela, la drástica decisión de clausurar las instalaciones responde de manera directa al cúmulo de denuncias y sospechas en torno al Instituto Superior Nordeste.
La institución ofrecía tecnicaturas y capacitaciones de formación superior, destacándose la carrera de Radiología. El impacto de la faja de clausura dejó en una situación de total vulnerabilidad a los alumnos, docentes y familias vinculadas al establecimiento, quienes ahora exigen respuestas urgentes sobre el destino de los aranceles abonados, las materias cursadas y el aval real de los títulos prometidos.
La clausura en Goya no es un hecho aislado, sino el corolario de una serie de alarmas que se encendieron en otras sedes de la misma firma en Bella Vista (Corrientes) y Reconquista (Santa Fe). Los propios estudiantes habían emitido un comunicado público tras participar de una tensa reunión informativa, convocada de urgencia luego de que circularan versiones de que el instituto no contaba con las habilitaciones ni del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Salud.
Según relataron los alumnos de Radiología, los directivos intentaron fraccionar la comunicación haciéndolos ingresar «por grupos» minutos antes del cierre. «Al primer grupo le dijeron que todo estaba en regla. Por eso nos negamos y pedimos ingresar todos los que estábamos presentes. Logramos entrar forcejeando», detallaron los damnificados. En dicho encuentro, las airadas consultas de los estudiantes fueron respondidas con evasivas por parte de una supuesta supervisión, lo que terminó de acelerar la desconfianza generalizada y la posterior intervención de los inspectores de la enseñanza privada.

Mientras crece el malestar social y las imágenes de la fachada sellada se viralizan, el foco de la problemática se traslada a la situación registral de los estudiantes. Se aguarda que en las próximas horas las autoridades de la Dirección General de Enseñanza Privada emitan un dictamen oficial que aclare los motivos específicos de la inhabilitación y determine qué planes de contingencia o reubicación se aplicarán para garantizar los derechos educativos de quienes confiaron sus estudios a la institución clausurada.