El Hospital Regional Goya desmintió un allanamiento y ratificó la continuidad de los controles internos
El director del Hospital Regional «Dr. Camilo Muniagurria», Raúl Martínez, salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto allanamiento policial en el área de emergencias. En declaraciones oficiales, el directivo calificó de «fábula» y «fake news» a los rumores, explicando que lo ocurrido fue un operativo de control interno rutinario, aunque reconoció que la presencia de la cúpula directiva y asesores legales pudo haber resultado «espectacular» para algunos observadores.
Auditoría de insumos y personal
Según detalló Martínez, el procedimiento contó con la participación de los dos directores del hospital, el jefe de personal, el asesor legal y los jefes de las áreas de emergencia y enfermería. El objetivo central fue revisar las notas del personal y auditar la provisión de insumos. «Todos los días se le da a cada servicio los insumos y se rinde de acuerdo a cada paciente que los utiliza», explicó el médico, subrayando que estas inspecciones buscan garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes lo necesitan.
Impacto en la atención pública
En un contexto de crisis económica donde la demanda hospitalaria crece —el año pasado se atendieron a más de 130 mil personas—, el control de los recursos se vuelve crítico. Para el vecino de Goya, estas aclaraciones llevan tranquilidad sobre la transparencia en el manejo de materiales sanitarios. Martínez insistió en que, lejos de ser un hecho delictivo, se trata de una práctica frecuente para evitar el mal uso de bienes estatales que, en última instancia, perjudica al paciente que llega a la emergencia.
Regularización de cirugías
Además de las aclaraciones administrativas, el director informó sobre la normalización de la actividad quirúrgica. Tras superar inconvenientes técnicos con dos equipos de anestesia, todos los quirófanos del hospital se encuentran actualmente operativos. Esto permite retomar no solo las urgencias, sino también las cirugías programadas que habían sufrido retrasos, asegurando la capacidad de respuesta del nosocomio ante el aumento de consultas por el actual escenario socioeconómico.
Con más de 500 empleados a cargo, la dirección del hospital reafirmó su política de controles estrictos y «puertas abiertas» ante cualquier requerimiento de la justicia, aunque enfatizó que en esta oportunidad se trató estrictamente de una auditoría administrativa interna para optimizar el servicio de salud pública.
