El Concejo de Goya define las nuevas fronteras de la ciudad y el desembarco legal de las plataformas de transporte
Planificación y debate por la expansión del ejido urbano
El Concejo Deliberante de Goya avanza en el tratamiento de un paquete de ordenanzas de fuerte impacto estructural que buscan reconfigurar los límites de la ciudad y regular nuevas dinámicas de convivencia urbana. En el centro de la agenda legislativa del primer semestre se destaca el proyecto de ordenamiento territorial surgido de las mesas técnicas del Pacto Goya 2030. La iniciativa legislativa busca formalizar áreas periféricas que hoy funcionan de hecho como barrios residenciales, pero que legalmente se encuentran fuera de la jurisdicción municipal actual. El proyecto pretende fijar reglas claras de cara a los próximos años para evitar el loteo indiscriminado en zonas bajas e inundables que luego demandan millonarias inversiones en defensas y bombeo.
La discusión, según detalló el concejal y vicepresidente primero del Cuerpo, Marcelo Frattini, sumó en los últimos meses las observaciones del Consejo Profesional de la Ingeniería, la Cámara Empresarial y la Asociación de Comercio. El principal desafío radica en dotar de previsibilidad a los desarrollos inmobiliarios exigiendo que cada nueva urbanización garantice la factibilidad técnica de servicios esenciales, transitabilidad segura y desagües pluviales antes de su comercialización. La meta de los ediles es subsanar el desfasaje normativo crónico que arrastra la periferia goyana frente al boom constructivo de la última década.
El desembarco de Uber y las reglas para la micromovilidad
El transporte local y la movilidad urbana también experimentan una reforma profunda en los escritorios del palacio legislativo. Tras aprobarse la ordenanza que regula la micromovilidad para monopatines eléctricos —fijando velocidades máximas de circulación, elementos de seguridad obligatorios y un registro de control—, el Concejo aceleró el debate para crear el marco regulatorio que permita operar legalmente a plataformas digitales de transporte como Uber. La llegada de estas aplicaciones venía dándose de forma irregular en la ciudad, generando fricciones latentes con el sector tradicional de los remiseros y taxistas de la terminal y el microcentro.
El proyecto en estudio busca establecer un registro de conductores de plataformas y exigir el pago de tasas comerciales mínimas que garanticen una competencia transparente con las agencias locales habilitadas. El objetivo de la normativa es asimilar la innovación tecnológica demandada por los usuarios más jóvenes, sin desproteger las fuentes laborales del circuito de remises histórico de Goya, abriendo la posibilidad formal de que los choferes tradicionales incorporen estas aplicaciones de geolocalización a su esquema diario de trabajo.
Respuestas a reclamos vecinales crónicos: cables y chatarra
Por otra parte, el cuerpo legislativo transformó en ordenanza un reclamo histórico de los centros vecinales referido a la contaminación visual y el riesgo eléctrico en la vía pública. El bloque del Partido Liberal impulsó la normativa que faculta formalmente al Ejecutivo municipal a intimar con plazos perentorios y severas multas a las empresas de telecomunicaciones, televisión por cable y energía eléctrica para que retiren los kilómetros de tendido aéreo en desuso que cuelgan peligrosamente de los postes locales tras sufrir desperfectos o recambios tecnológicos.
En sintonía con el ordenamiento del espacio público, los ediles analizan la adhesión de Goya al Programa Nacional de Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.). La medida busca destrabar la parálisis legal que rodea a los depósitos municipales y comisarías locales, colmados de motocicletas y automóviles abandonados tras operativos de tránsito o secuestros judiciales. De aprobarse, el municipio podrá subastar el material chatarra para reciclaje, eliminando focos crónicos de reproducción del mosquito del dengue y liberando predios cuyo mantenimiento genera un gasto constante al erario público.
Oficina local para frenar el traslado por reclamos de consumo
Finalmente, el paquete de medidas legislativas contempla la creación de la ansiada Oficina Municipal de Defensa al Consumidor. En la actualidad, cualquier vecino goyano que sufre sobrefacturaciones o estafas por parte de empresas nacionales de telefonía, tarjetas de crédito o servicios turísticos se ve obligado a canalizar sus denuncias mediante delegaciones en Corrientes Capital o Bella Vista para cumplir el paso administrativo obligatorio. La instalación de un tribunal de conciliación local acortará drásticamente los plazos de resolución, permitiendo a los usuarios litigar y defender sus derechos de forma gratuita dentro de su propia jurisdicción.
