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El Campo de Corrientes se sumaría a las protestas por la falta de respuestas nacionales

Se cumple hoy el plazo para el anuncio de medidas de apoyo a los damnificados por la sequía, y desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes no descartan sumarse a las acciones que comienzan a gestarse en el sector.

Sobre la posible participación de los productores de Corrientes en el reclamo, El Litoral dialogó con Pablo Sánchez, presidente de la  Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) dijo que «no descartamos sumarnos. Pero vamos a esperar a mañana (por hoy) que resuelven, vamos a ser orgánicos, como parte de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que somos. Desde la Comisión de Enlace se van a resolver las acciones si el Gobierno Nacional no da respuestas».

Sobre las posibles medidas que se adoptarían señaló que «es prematuro, no podemos anticipar cuales serán porque la situación es extremadamente complicada. Nosotros esperamos que Nación adopte medidas para la coyuntura a fin de  moderar el impacto de la sequía que afecta a todos los productores del país y en especial a los de Corrientes que estamos atravesando una crisis importante. 

«También queremos que todos aquellos que tienen la intención de gobernar a los argentinos sean concretos y definan políticas claras para el campo, porque no podemos seguir retrocediendo, siendo descalificados y ninguneados,cuando representamos el 70 por ciento de los recursos que provienen de las exportaciones». 

«Estas cifras dejan a la vista la importancia que tiene el sector y no es coherente la falta de políticas claras que ayuden al sector», insistió. Consultado sobre la posibilidad de que se reúnan hoy para determinar las acciones a seguir, dijo: «Nosotros estamos en permanente contacto con las rurales de las provincias y con las Confederaciones que integran CRA. No está previsto un encuentro, pero esto es dinámico, vamos a esperar si Nación resuelve algo para definir qué acciones vamos a realizar». 

Con la participación de la Asrc en la asamblea de productores organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA) en Villa Constitución, Santa Fe, que se realizó a finales de febrero, se resolvió otorgar un plazo, que hoy se cumple, al Gobierno nacional para que lancen medidas de apoyo a los damnificados por la sequía, porque hasta el momento las que se anunciaron no se instrumentaron o en otros casos no alcanza para hacer frente a una pérdida que supera los 15.000 millones de dólares.

En esa oportunidad, el sector solicitó instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados; suspender impuestos a las ganancias; las ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas; los apremios en bancos y embargos; realizar una reforma impositiva integral y progresiva; eliminar diferencial cambiario; establecer el plan de Eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones) crear un seguro multirriesgo; cambiar la Ley de Emergencia por considerarla obsoleta; créditos que salgan de la tasa de usura que genera el propio Estado y atender el problema de las economías regionales.

Cabe recordar que el Gobierno nacional a finales de enero del  2023, anunció fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, los mismos se harán a través de convenios con Provincias, Municipios y/o Cooperativas Agropecuarias para llegar con asistencia a los pequeños productores; suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias; suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes; desafectar del cálculo de impuestos a las ganancias a los productores que hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía; refinanciación de pasivos bajo las mismas condiciones en que fueron otorgados los créditos; nuevas líneas crediticias con tasas subsidiadas para atender compromisos comerciales y capital de trabajo, y el pago de arrendamientos para la próxima campaña, la derogación de la resolución del Bcra que incrementa el costo financiero de los productores de soja y la homologación de los pedidos de emergencia en trámite en el Ministerio de Economía.

Fuente: El Litoral