Doble revés para el Estado correntino: el STJ ratificó la indemnización al hincha que perdió un ojo y la DPEC deberá devolver 5 años de sobrefacturación
En una seguidilla de resoluciones de enorme impacto institucional y económico, la Justicia de Corrientes dictó dos fallos definitivos que obligan al Estado provincial a asumir millonarios costos financieros. Por un lado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la condena civil por un caso de violencia institucional que dejó a un hincha ciego de un ojo en 2017. Por el otro, se ordenó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) refacturar y devolver los cobros excesivos aplicados a miles de usuarios durante más de cinco años.
Caso Mandiyú: Condena estatal por un operativo con «puntería impune»
A través de la Sentencia Nº 18, el STJ confirmó de manera unánime la responsabilidad objetiva de la Provincia por las gravísimas lesiones sufridas por un simpatizante del Club Deportivo Mandiyú, de apellido Quijano, durante los incidentes previos a un clásico contra Boca Unidos el 15 de febrero de 2017. La víctima perdió de forma irreversible la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de una posta de goma.
El fallo dejó al descubierto las severas falencias del operativo: la Jefatura de Policía dispuso apenas dos efectivos para escoltar a una parcialidad de 300 personas en un evento catalogado de alto riesgo. Los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Chaín, Fernando Niz y Guillermo Semhan determinaron que existió una «prestación irregular del servicio de seguridad», mientras que el Dr. Eduardo Panseri sumó que se configuró un «uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza pública» al disparar a la altura de la cabeza contra alguien que intentaba retroceder y no representaba una amenaza.
Sin embargo, el expediente cierra con un manto de duda que genera fuertes cuestionamientos en el ámbito técnico: la Justicia aceptó la imposibilidad de identificar al agente policial que jaló el gatillo. A pesar de los protocolos de armas, las seis postas de goma secuestradas y los testigos presenciales, la causa penal concluyó sin responsables individuales ni sanciones en la cadena de mando, trasladando la culpa —y el costo de la indemnización— enteramente a las arcas del Estado. Asimismo, la investigación dejó bajo la lupa el rol de la Liga Correntina de Fútbol respecto a la cantidad de efectivos solicitados y contratados para el encuentro.
DPEC: Histórica orden de refacturación por más de 30 bimestres cobrados de más
En paralelo, la DPEC emitió un comunicado oficial esta mañana acatando lo resuelto en el Expediente N° 32226/09 (Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes c/ DPEC s/ Amparo). El prolongado litigio judicial determinó que la empresa energética provincial aplicó facturaciones elevadísimas e indebidas mediante el cuadro tarifario 89.
La prestataria estatal confirmó que todos los usuarios que hayan superado un consumo de 1.000 kW por bimestre entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2014 tienen derecho a exigir la refacturación, devolución o compensación de los montos abonados en demasía.
Para mitigar el impacto administrativo de resarcir más de cinco años de cobros irregulares (un total de 32 bimestres), la DPEC anunció que habilitará un link especial en su sitio web para un trámite «sencillo y rápido». Los usuarios residenciales y comerciales afectados dispondrán de un plazo ordenatorio de 180 días corridos para efectuar el reclamo una vez que la plataforma digital quede operativa.
Análisis Político: ¿Justicia tardía o un mensaje entre poderes?
| Causa Judicial | Período del Hecho | Tiempo de Espera | Resolución y Destino |
| Amparo contra DPEC | 2008 – 2014 | 17 años desde el inicio | Refacturación masiva a usuarios. |
| Demanda Civil vs. Estado | Febrero de 2017 | 9 años de litigio | Indemnización por pérdida de órgano. |
Más allá del impecable sustento jurídico de ambas sentencias, en los pasillos de la política correntina los fallos fueron recibidos con «olor a mensaje». Resulta llamático para los analistas que dos causas de gran peso económico para el Ejecutivo —una que dormía desde 2009 y otra desde 2017— se hayan destrabado y publicado de manera simultánea.
Este despertar coordinado de los expedientes coincide con uno de los momentos de mayor tensión institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo provincial, actualmente enfrentados en una dura discusión por la autarquía financiera y las actualizaciones salariales de los magistrados y empleados tribunalicios. En Corrientes, cuando el letargo judicial se transforma repentinamente en una aceleración de sentencias contra el erario público, la delgada línea entre la búsqueda de justicia y la demostración de poder institucional vuelve a estar en el centro del debate.
