Denuncian penalmente a personal de la Unidad Penitenciaria N° 8 de Goya por presunta crueldad animal
El funcionamiento de las instituciones de encierro en la provincia vuelve a estar bajo la lupa judicial, esta vez por un hecho que genera una fuerte indignación en la comunidad local. El pasado miércoles 24 de junio se formalizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Goya contra integrantes de la Unidad Penitenciaria N° 8. La presentación judicial apunta a presuntos hechos sistemáticos de violencia y maltrato hacia animales domésticos dentro del predio carcelario.
La acción legal fue impulsada por la abogada y activista animalista Liliana Gómez, quien representa un sector de la sociedad civil que viene alertando sobre la situación de vulnerabilidad de las mascotas en los alrededores del establecimiento. Según consta en el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los perros y gatos que deambulaban o ingresaban al predio penitenciario eran sometidos de forma reiterada a castigos físicos y malos tratos para, posteriormente, ser desalojados del lugar sin que se pudiera determinar fehacientemente su paradero final.
Un episodio registrado en las cámaras de seguridad
El detonante que motivó la denuncia penal ocurrió el pasado domingo 21 de junio, aproximadamente a las 11:20 horas. En esa oportunidad, un suboficial identificado en la causa penal como César López habría agredido físicamente a patadas a varios de los animales que se encontraban en el patio de la unidad, un acto que el escrito judicial describe como cometido «por diversión». La querella solicitó con carácter de urgencia la preservación de los registros fílmicos del sistema de monitoreo interno del penal, argumentando que las cámaras de seguridad registraron el episodio completo.
Además de los soportes audiovisuales oficiales del Servicio Penitenciario, la fiscalía recibió videos y registros fotográficos complementarios aportados por testigos del hecho. La acumulación de estos elementos de prueba resulta clave para el avance de la investigación penal preparatoria, ya que en los delitos contra el honor o maltrato que involucran a funcionarios públicos, la evidencia tecnológica inicial impide la manipulación o el borrado de archivos dentro de la propia dependencia del Estado.
Investigación administrativa y el marco legal de la denuncia
La denuncia no se limita al accionar del suboficial subalterno, sino que también extiende los señalamientos hacia la máxima autoridad del establecimiento de detención local, el alcaide mayor Mario Torres. La presentación vincula al director de la Unidad N° 8 con el usufructo del espacio público para actividades privadas, puntualmente mediante la instalación de un corral destinado a la cría de porcinos con fines comerciales. Esta línea investigativa podría abrir un nuevo expediente administrativo por presunto desvío de recursos o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde la perspectiva del derecho ambiental y animal vigente, las conductas denunciadas encuadran en los términos de la Ley Nacional 14.346, una normativa penal que establece penas de prisión para quienes ejecuten actos de crueldad contra los animales. Más allá de la sanción punitiva que determine la UFRAC, el caso reaviva el debate local sobre la necesidad de aplicar de forma obligatoria la capacitación en derecho animal para las fuerzas de seguridad provinciales, un reclamo que las organizaciones no gubernamentales de Goya vienen sosteniendo para erradicar la violencia institucional hacia las especies vulnerables.
