Cruce tras la Ley de Memoria: «No soy facho ni defiendo la dictadura», la dura respuesta de Leconte a Pavón
La sanción de la ley que limita beneficios estatales a instituciones que reivindiquen a condenados por delitos de lesa humanidad no solo dejó una nueva normativa, sino también una herida abierta en el arco político correntino. Tras los fuertes calificativos vertidos durante y después de la sesión, el diputado Ricardo Caito Leconte salió al cruce de las declaraciones de su par Valeria Pavón, negando rotundamente las acusaciones de autoritarismo y defensa del proceso militar.
Una respuesta a las acusaciones de «facho»
En un contacto directo con la prensa, Leconte buscó desmarcarse de las etiquetas impuestas por el bloque opositor. «No soy facho, ni defiendo la dictadura», sentenció el legislador, quien argumentó que su postura o sus observaciones al proyecto no tenían como objetivo validar crímenes del pasado, sino cuestionar aspectos técnicos o alcances de la normativa que, a su criterio, podrían ser utilizados discrecionalmente.
El origen del conflicto legislativo
La polémica se desató en el marco del debate por la ley que prohíbe subsidios a entidades que realicen homenajes a represores. Durante la sesión, calificada como «caliente» por los cronistas parlamentarios, Pavón habría lanzado duras críticas hacia quienes manifestaron dudas sobre la implementación de la ley, vinculando esas posiciones con una visión negacionista. Leconte, sintiéndose aludido por los términos utilizados, decidió romper el silencio para fijar su posición democrática.
Clima de polarización en Corrientes
Este enfrentamiento es un síntoma del clima de polarización que atraviesa la Cámara de Diputados. Para el lector de Goya y de toda la provincia, este intercambio refleja cómo temas de alcance nacional —como la política de Derechos Humanos— impactan de lleno en la agenda local, desplazando en ocasiones el debate sobre problemas cotidianos por discusiones de alto contenido ideológico y simbólico.
La defensa de Leconte intenta frenar una etiqueta que, en el actual contexto político, resulta costosa en términos de imagen pública. Mientras tanto, desde el sector de Pavón ratifican que la ley es un paso necesario para que el Estado correntino deje de financiar, de manera directa o indirecta, discursos que atenten contra la democracia. El cruce deja en claro que, aunque la ley ya fue sancionada, el conflicto político subyacente está lejos de resolverse.
