La sesión ordinaria experimentó pasajes de fuerte tensión política al tratarse el despacho de comisión que dictaminó el archivo definitivo del Expediente N° 3.337/24, el cual solicitaba disponer la reapertura de la Sala Velatoria Municipal en el barrio San Ramón. La concejal Valeria Calvi (UCR disidente) alzó la voz para rechazar el dictamen y defender su postura en minoría, advirtiendo que mandar el proyecto al olvido parlamentario significaba una afrenta institucional contra una ordenanza vigente desde el año 1989.

Calvi denunció que las comisiones de Salud y Economía actuaron «haciendo caso omiso a la participación ciudadana», ignorando cientos de firmas de familias del barrio San Ramón que exigían la restitución de la sala comunitaria. El punto central de su reclamo radicó en la falta de explicaciones por parte del gabinete del intendente Mariano Hormaechea:
“Hemos citado al secretario de Desarrollo Humano para que se presente a la Comisión de Salud a efectos de que manifieste cuál es el destino que le ha asignado a un inmueble municipal que por ordenanza tiene un objeto específico, sala velatoria, que hoy no se está cumpliendo. El funcionario no asistió”.
La respuesta de la bancada oficialista llegó a través de la concejal Gabriela Refojos, presidente de la Comisión de Salud y vecina del barrio San Ramón. Refojos justificó el archivo alegando estrictamente razones de técnica legislativa, argumentando que el proyecto fue descartado porque ya había sufrido una «pérdida parlamentaria» y falta de vigencia.
Asimismo, la edil oficialista defendió la modalidad actual con la que el Municipio gestiona los fallecimientos de familias en situación de vulnerabilidad, detallando que se realiza mediante una tercerización privada. «El Ejecutivo está brindando un servicio contratado con la empresa de servicios fúnebres López, brindando igualdad de oportunidades». Según Refojos, este esquema garantiza que los difuntos sean contenidos «dignamente» sin necesidad de reabrir la estructura barrial.
En la etapa de Libre Uso de la Palabra, la polémica sumó un nuevo capítulo cuando la concejal Vivian Merlo (UCR-Vamos Corrientes) respaldó el archivo indicando que las necesidades de los vecinos en momentos de dolor exceden la mera apertura de un espacio físico. «Hay vecinos que no tienen ni siquiera para pagar el cajón» , puntualizó Merlo, destacando que la Dirección de Acción Social cubre tanto el servicio como el féretro.
Como contrapartida, la concejal Calvi retrucó que, ante la crisis actual por la falta de nichos en el cementerio «La Soledad», mantener el convenio con la empresa fúnebre privada representa una erogación presupuestaria innecesaria que bien podría ahorrarse habilitando la sala pública del San Ramón y redireccionando esos fondos públicos a obras edilicias en la necrópolis local. El bloque oficialista impuso su mayoría y el expediente fue enviado definitivamente al archivo.