Tras la aprobación por unanimidad en el Senado de leyes clave como el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, así como iniciativas impulsadas por los gobernadores, constitucionalistas advierten que el Presidente Javier Milei no tendrá herramientas legales para frenar estas normativas si el Congreso logra ratificarlas tras un eventual veto presidencial.

El Gobierno, a través del propio Milei, anticipó su intención de vetar estas leyes y, en caso de que el veto sea levantado por el Congreso, llevar el asunto a la Justicia, argumentando que se pone en riesgo el «superávit fiscal». «Si el veto se cae, lo vamos a judicializar», sentenció el Presidente durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sin embargo, abogados constitucionalistas consultados coinciden en que la vía judicial no es viable para el Poder Ejecutivo en este escenario. Andrés Gil Domínguez afirmó que «la insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano». Agregó que «sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional».
En la misma línea, Diego Armesto explicó a TN que «es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional». Señaló que si el Congreso insiste con los proyectos y logra los dos tercios de ambas cámaras tras el veto, las iniciativas se convertirán en ley, y «no existe la posibilidad de hacer un planteo judicial para decir ‘miren, ellos están usando una facultad que está en la Constitución y está mal’».
Mariano Bar, especialista en Derechos Humanos, sostuvo que, si bien una persona «siempre puede ir a presentar una demanda ante la Justicia», esto no significa que le darán la razón. Descartó la posibilidad de una acción declarativa o de certeza en este caso, ya que la Corte Suprema no es un «órgano asesor jurídico» y su función es resolver casos contenciosos. Como antecedente, mencionó el rechazo unánime de la Corte al pedido de Cristina Kirchner durante la pandemia para avalar sesiones virtuales sin modificar el reglamento, argumentando «ausencia de caso o controversia» y la imposibilidad de inmiscuirse en otro poder.
«La Justicia a Milei le va a decir que vaya a su casa, porque esto no es una cuestión que puedan resolver ellos. No dictan leyes ni deciden el contenido de ellas, eso lo hace el Congreso», sentenció Bar, subrayando que la función del Poder Ejecutivo es «ejecutar las leyes», no elegir cuáles.