Conflicto por los pasajes gratis para discapacidad: las empresas reclaman una deuda de $27.000 millones al Gobierno nacional
El conflicto en torno a la eliminación del fondo de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos sumó un nuevo y complejo capítulo. Tras la publicación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación que dio de baja dicho esquema financiero, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) rompió el silencio con dureza: denunció que el Estado nacional les adeuda más de $27.000 millones y que la disputa se encuentra totalmente judicializada.
Un año sin pagos y con un fallo federal en contra del Estado
De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad que nuclea a las principales compañías de transporte interjurisdiccional del país, las empresas no reciben un solo peso en concepto de reintegros por los pases de discapacidad desde noviembre de 2024. Desde esa fecha, el bache financiero fue absorbido en su totalidad por las firmas privadas, las cuales continúan entregando un promedio de 1,5 millones de boletos sin cargo al año por expresas mandas legales.
El quiebre de la relación institucional escaló a niveles judiciales críticos. Según detalló la CELADI, el pasado 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal interviniente declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por un total de $8.753 millones, correspondiente únicamente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Los meses posteriores continúan acumulándose dentro del mismo expediente judicial, elevando la cifra actual reclamada por encima de los $27.000 millones.
La paradoja de la desregulación
El nudo de la polémica radica en el cambio de estatus jurídico del sector. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 883/2024 impulsado por la gestión de Javier Milei, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado un «servicio público» para pasar a un régimen de libre mercado regulado bajo la «libertad tarifaria».
Desde el sector empresarial calificaron como «inconsistente» la postura del Ejecutivo nacional:
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado. No cuestionamos el derecho de las personas con discapacidad a viajar, sino que pretendan trasladar completamente ese costo social a compañías privadas sin ningún tipo de contraprestación estatal”.
El derecho sigue vigente: ¿Cómo deben actuar los usuarios?
A pesar del feroz tironeo financiero y legal entre la CELADI y la Secretaría de Transporte, el marco normativo protector de los usuarios permanece intacto. El Gobierno nacional ratificó que las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), credenciales del INCUCAI o certificados de oncopediatría mantienen el derecho exigible de viajar de forma gratuita. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tiene la orden de fiscalizar y sancionar de manera severa a cualquier ventanilla que niegue los pasajes.
Ante el temor de que la falta de pagos estatales derive en «trabas encubiertas» o negativas de cupos en las terminales del interior (como la terminal de Goya), las autoridades recordaron los pasos legales para reservar y reclamar:
- Reserva obligatoria por sistema web: El trámite debe gestionarse a través del portal oficial
reservapasajes.cnrt.gob.arcon un mínimo de 48 horas de anticipación. - Exigencia de constancia: Si la boletería niega el pasaje de forma presencial alegando falta de capacidad, está obligada por ley a entregar un comprobante por escrito que fundamente el rechazo.
- Denuncia inmediata: Con o sin la constancia física, el usuario debe asentar la denuncia de forma virtual en
control.cnrt.gob.aro comunicándose al canal gratuito nacional 0800-333-0300 para activar las inspecciones y multas correspondientes a la prestataria.
