Condenaron a una docente en Mercedes por extorsionar a alumnas: exigía dinero y transferencias a cambio de aprobarles las materias
La justicia de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes dictó una condena de alto impacto institucional en el ámbito educativo provincial. La jueza de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y condenó a una docente a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función y una multa económica de 360.000 pesos, tras hallarla culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal y real.
El fallo judicial, registrado bajo la resolución Nº 85/26 en el Legajo Judicial 23226/26, tuvo por acreditados los graves hechos cometidos por la imputada mientras se desempeñaba como profesora interina del turno noche en la Escuela Nº 563 «Domingo Faustino Sarmiento», ubicada en la localidad turística de Colonia Carlos Pellegrini. La investigación penal preparatoria, conducida por el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia con la asistencia técnica de la defensa oficial, logró documentar un esquema sistemático de exigencias económicas ilegales a estudiantes que necesitaban acreditar módulos académicos.
El modus operandi: extorsión por WhatsApp y pagos mediante billeteras virtuales
De acuerdo con la reconstrucción judicial probada en la sentencia, el primer episodio se produjo entre junio y los primeros días de julio de 2025. En ese período, la docente le ofreció a una alumna aprobarle las materias pendientes sin necesidad de asistir a clases a cambio de la suma de 100.000 pesos. Tras recibir un pago inicial de 30.000 pesos, la imputada acosó a la estudiante mediante mensajes de texto a través de la aplicación WhatsApp, intimándola a abonar el saldo restante bajo la advertencia explícita de que, de lo contrario, reprobaría definitivamente la materia.
El segundo caso expuesto en el expediente involucró a otra alumna del establecimiento, a quien le exigió la suma de 150.000 pesos bajo la misma modalidad extorsiva. En este caso, la maniobra quedó fehacientemente documentada mediante un comprobante de transferencia bancaria realizada a través de la plataforma virtual Mercado Pago el 25 de abril de 2025. El plexo probatorio valorado por la magistrada incluyó además denuncias formales, capturas de pantalla de las conversaciones, declaraciones testimoniales y un informe socioambiental elaborado por una trabajadora social.
Rigurosidad probatoria y rechazo de la arbitrariedad
Al fundamentar la sentencia dictada tras la audiencia celebrada en la Oficina Judicial de Mercedes, la doctora Benasayag subrayó que la aceptación de culpabilidad por parte de la imputada en el marco de un juicio abreviado no eximía al tribunal de corroborar los extremos de la acusación con elementos objetivos independientes. La magistrada indicó que las pericias tecnológicas y documentales aportadas por el Ministerio Público Fiscal respaldaron de manera categórica la materialidad de los hechos y la autoría responsable.
Asimismo, la resolución desestimó cualquier causal de justificación o inimputabilidad, ratificando la subsunción legal en los delitos de abuso de autoridad y concusión —exacción ilegal cometida por funcionario público—. La pena dictada contempló además el cumplimiento estricto de reglas de conducta durante el período de condena condicional, tales como fijar residencia, la prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas a menos de 100 metros, la abstención de realizar actos de hostigamiento y la obligación de presentarse trimestralmente ante la Oficina Judicial.
Reparación económica y el impacto en las instituciones del interior
Como parte accesoria del acuerdo homologado, la Justicia ordenó una reparación integral de los daños ocasionados por un monto total de 480.000 pesos —equivalente a 240.000 pesos para cada una de las alumnas afectadas—, los cuales serán abonados en doce cuotas mensuales consecutivas de 20.000 pesos. La jueza consideró que esta suma resulta prudente y razonable para morigerar el perjuicio tanto material como extrapatrimonial sufrido por las estudiantes debido al abuso de poder institucional.
El fallo genera un fuerte cimbronazo en la comunidad educativa de la región interior de la provincia, poniendo bajo el foco de escrutinio los mecanismos de control interno en establecimientos de zonas alejadas. Una vez que la resolución adquiera firmeza legal, se remitirán las comunicaciones oficiales a la Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y al Ministerio de Educación de la Provincia para la formalización de las sanciones administrativas correspondientes y la inhabilitación definitiva de la docente en el sistema público.
