En medio del debate nacional sobre la prohibición de dispositivos móviles en las escuelas, el Ministerio de Educación de Corrientes fijó una postura clara: la autonomía institucional. Bajo la premisa de «liberar a las escuelas», las autoridades provinciales confirmaron que no habrá una prohibición generalizada desde el Gobierno, sino que cada institución educativa tendrá la facultad de regular el uso de los celulares según su propio proyecto pedagógico y su realidad regional.

La ministra de Educación, Práxedes López, señaló que la provincia apuesta por la madurez de los equipos directivos para establecer acuerdos de convivencia. Esta medida busca que el celular deje de ser visto únicamente como un elemento de distracción y pase a ser evaluado como una herramienta pedagógica potencial, siempre bajo la supervisión docente. La decisión responde a la diversidad de contextos en Corrientes, donde en algunas zonas rurales el dispositivo es el principal nexo de conectividad, mientras que en entornos urbanos puede requerir mayores restricciones.
El enfoque del Ministerio no implica una «libertad absoluta» para el alumno, sino la responsabilidad de la escuela de marcar los límites. Cada colegio podrá decidir si el celular se guarda al ingresar al aula, si se utiliza únicamente para actividades específicas de investigación o si se prohíbe totalmente durante los recreos. Esta flexibilidad permite que los docentes integren la alfabetización digital de manera gradual, preparando a los jóvenes para un mundo laboral donde la tecnología es omnipresente, pero requiere disciplina.
Para los padres y tutores de Goya y de toda la provincia, esta medida traslada el debate al seno de las reuniones de tutores. Mientras algunos sectores reclaman una prohibición estricta para mejorar la concentración y disminuir el ciberbullying, otros consideran que prohibir es «tapar el sol con la mano» y que la escuela debe enseñar a usar la tecnología de forma responsable. La normativa vigente en Corrientes, por ahora, seguirá permitiendo que el criterio institucional prevalezca por sobre una imposición centralizada.
Con esta resolución, el Gobierno Provincial se diferencia de otras jurisdicciones que han optado por decretos de prohibición total, reafirmando que la confianza en los directivos y el diálogo con la comunidad son las mejores herramientas para gestionar el ingreso de la tecnología al ámbito escolar.