A más de dos semanas de la desaparición de la directora rural Nanci Estela Godoy, la investigación penal que se tramita en el departamento de Esquina registró novedades de fuerte peso probatorio y procesal. El Juez de Garantías de la jurisdicción, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva mediante la Resolución N.º 487 para Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, ambos imputados como presuntos autores materiales del delito de femicidio. La resolución judicial atiende el requerimiento de los fiscales Diego Mosquera y María Andrea González, rechazando los planteos de la defensa que solicitaban medidas de coerción atenuadas.

A la definición de la situación procesal de los principales acusados se sumó el secuestro de nuevos elementos materiales durante los rastrillajes realizados en la estancia «El Curupí». En la construcción precaria tipo tapera que utilizaba el capataz Zarza a escasos metros de la Escuela N.º 626, los peritos de la Policía de Corrientes hallaron restos de prendas de vestir parcialmente incineradas y un bozal de cuero. Ambas evidencias quedaron bajo cadena de custodia para ser sometidas a peritajes químicos y genéticos por parte del Laboratorio Forense.
El hallazgo de la indumentaria quemada orienta la hipótesis instructiva de la Fiscalía hacia un intento de destrucción de vestigios biológicos y evidencias por parte de los sospechosos en las horas posteriores al hecho. Las prendas rescatadas en el puesto del paraje El Malezal serán cotejadas con muestras textiles aportadas por los familiares de la docente, en busca de determinar si correspondían al vestuario que llevaba la mujer al momento de ser vista por última vez en la Cuarta Sección Malvinas.
Asimismo, las autoridades del Ministerio Público Fiscal ratificaron que la línea investigativa se circunscribe de manera exclusiva al grupo de personas que integraba la servidumbre y el personal de la estancia, descartando la incursión de terceros ajenos al establecimiento. El análisis de la conducta de los peones y las incongruencias en sus declaraciones iniciales fundamentaron la decisión del magistrado para mantener la detención efectiva de los imputados hasta la realización del debate oral y público.
Mientras Zarza y Sandoval permanecen alojados en dependencias policiales a disposición de la Magistratura, los peritos avanzan en el estudio del bozal secuestrado para determinar si fue utilizado como elemento de contención o agresión física contra la víctima. En paralelo, continúan los análisis sobre las prendas secuestradas en la localidad de Sauce y los teléfonos celulares incautados a los cuatro involucrados en la causa.
La resolución del Juzgado de Garantías trajo una señal de avance institucional a las comunidades de Esquina, Pueblo Libertador y departamentos vecinos como Goya, donde colectivos docentes y vecinos mantienen el reclamo de justicia. Las fuerzas de seguridad continuarán con las tareas de inspección sobre los valles de inundación y montes linderos al establecimiento escolar a la espera de los informes periciales definitivos que consolidarán la acusación en la causa.