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Cambio de mando en Hacienda: Valdés desplazó a Rivas Piasentini y designó a Héctor Grachot como nuevo Ministro

En una jornada de máxima tensión política, el gobernador Juan Pablo Valdés ejecutó una profunda reestructuración en su gabinete de ministros. Tras solicitar la renuncia de Marcelo Rivas Piasentini, quien durante años fue el pilar económico de la gestión provincial, el mandatario confirmó que el contador Héctor Grachot será el nuevo titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La salida de Rivas Piasentini no fue voluntaria, sino un pedido taxativo del Gobernador luego del escándalo generado por los descuentos «erróneos» aplicados a los salarios docentes (códigos 193 y 632). A pesar de la solidez técnica y el equilibrio fiscal que el exministro defendía, el costo político de las protestas, cortes de ruta y el malestar en las aulas resultó terminal para su continuidad.

El perfil del sucesor: ¿Quién es Héctor Grachot?

Héctor Grachot, un técnico de carrera con amplia experiencia en la administración pública provincial, asume el desafío de conducir las finanzas de Corrientes en un contexto de retracción de fondos nacionales y alta conflictividad social. Su designación busca ser una señal de «oxigenación» y apertura al diálogo con los sectores estatales.

Los desafíos inmediatos del nuevo Ministro:

  1. Garantizar el reintegro docente: Asegurar que la devolución de los haberes mal liquidados se complete sin nuevas fallas técnicas.
  2. Retomar la mesa paritaria: Descomprimir la tensión con los gremios y sectores autoconvocados tras semanas de movilizaciones.
  3. Mantener el equilibrio fiscal: Administrar la caída de la Coparticipación federal sin descuidar la paz social ni el plan de obras de la provincia.

Un mensaje político contundente

Con este movimiento, Valdés envía un mensaje claro tanto a su equipo como a la sociedad: la eficiencia técnica no puede estar disociada de la sensibilidad política. La salida de Rivas Piasentini, el hombre que custodiaba la «caja» de la provincia, marca el inicio de una nueva etapa en la relación del Ejecutivo con los trabajadores públicos, donde la prioridad absoluta será evitar nuevos focos de conflicto que afecten la gobernabilidad.