El sector de los expendedores y carniceros rurales del interior de Goya ha encendido las alarmas ante lo que consideran una inminente crisis de abastecimiento y subsistencia económica. A través de una movilización comunitaria en diversas colonias y parajes, los pequeños comerciantes y productores ganaderos locales comenzaron a visibilizar el impacto negativo que tendrán las nuevas regulaciones impositivas y de control comercial que pretenden aplicar los organismos provinciales y nacionales sobre sus establecimientos de pequeña escala. Según advierten, las medidas regulatorias tornarán inviable la actividad, forzando cierres y un inmediato encarecimiento del alimento básico para las familias de campo.

La estructura de los comercios cárnicos en la campaña correntina difiere sustancialmente de las plantas urbanas. En la mayoría de los casos, se trata de pequeños almacenes familiares de ramos generales donde la venta de carne funciona como un complemento para mejorar los ingresos mensuales. El núcleo del conflicto radica en la exigencia de formalidades idénticas a las de las grandes cadenas: la obligación de realizar la faena exclusivamente en frigoríficos habilitados, el pago de fletes refrigerados para el traslado, la inscripción formal en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), el régimen de Responsable Inscripto en IVA y tasas de Rentas locales.
Para un expendio que procesa un volumen mínimo de hacienda para el consumo del paraje, estos costos fijos destruyen la rentabilidad. El traslado de un animal de 400 kilos hacia plantas faenadoras autorizadas —muchas veces ubicadas a decenas de kilómetros de los campos de origen— sumado a las tasas de matanza, el combustible y los honorarios de gestión administrativa representan una carga desproporcionada. El sector argumenta que un animal que rinde un promedio de 190 a 200 kilogramos de carne limpia para la venta al público no puede absorber semejante estructura de costos sin trasladar un aumento severo al valor del mostrador rural, afectando a peones, pequeños productores y jornaleros.
El impacto social de esta encrucijada regulatoria golpearía de forma directa a las comunidades rurales más alejadas, donde la carne vacuna constituye un componente central de la matriz alimentaria y cultural. «La carne no es un lujo, es un alimento esencial en nuestra mesa diaria», argumentan los referentes de los parajes, destacando que los habitantes rurales poseen ingresos variables y economías informales que ya sufren las consecuencias de la recesión general. Si las bocas de expendio locales desaparecen por la presión fiscal, los vecinos perderán su fuente cercana de abastecimiento, debiendo viajar hasta los centros urbanos para conseguir el producto, asumiendo costos adicionales de movilidad.
Frente a este escenario, el sector de carnicerías rurales formalizó un pedido de audiencia y revisión dirigido a las autoridades municipales de Goya y a los ministerios provinciales competentes. Los trabajadores del campo aclararon que no existe una resistencia a mejorar las condiciones sanitarias, manifestando su total voluntad para adecuarse a pautas razonables de higiene, control bromatológico y seguridad alimentaria que garanticen la salud de los consumidores. Lo que se solicita es un régimen simplificado o diferenciado que contemple las asimetrías operativas de la ruralidad, evitando que la burocracia desplace a los microemprendimientos familiares.


La resolución de este conflicto determinará si las familias de la campaña correntina pueden sostener el arraigo en sus tierras de origen. La diversificación de tareas y la pequeña comercialización local son las herramientas históricas que permiten a los pobladores rurales llegar a fin de mes. Una mesa de diálogo técnico entre las áreas de producción, los organismos de control fiscal y los representantes de los parajes se vuelve indispensable para asegurar un equilibrio que resguarde las normas sanitarias vigentes sin condenar a la desaparición a un eslabón clave del comercio del interior goyano.