Cada 3 de junio, la sociedad argentina confluye en las calles bajo una misma consigna que transformó las agendas públicas y los colectivos comunitarios. El movimiento «Ni Una Menos» nació formalmente un día como hoy de 2015, impulsado por el hartazgo colectivo, la indignación y el dolor ante el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada por su novio y enterrada en el patio de una vivienda en la localidad santafesina de Rufino.

Chiara Páez cursaba el primer año de la escuela secundaria y transitaba un embarazo de pocas semanas cuando desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015. Tras intensas jornadas de búsqueda comunitaria que involucraron a vecinos y fuerzas policiales, el cuerpo de la menor fue localizado sepultado bajo los escombros de una herrería en la propiedad de los abuelos de su pareja, un joven de 16 años que terminó confesando la autoría material del hecho.
La brutalidad del suceso y la corta edad de la víctima quebraron los niveles de tolerancia de una sociedad civil que, hasta entonces, observaba cómo los crímenes contra mujeres eran catalogados en las crónicas policiales bajo el eufemismo de «crímenes pasionales». Un grupo de periodistas, escritoras y activistas convocó a través de las plataformas digitales a una concentración en la plaza del Congreso de la Nación, una iniciativa que en pocas semanas sumó el apoyo de sindicatos, universidades, organizaciones vecinales y referentes de todo el arco político.
El 3 de junio de 2015, más de 300.000 personas colmaron el centro porteño y la manifestación se replicó en más de ochenta ciudades del interior argentino, marcando un hito fundacional. El pliego de reclamos inicial exigía de forma urgente la plena aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la elaboración de estadísticas oficiales centralizadas sobre violencia de género y la creación de fueros judiciales especializados con patrocinio jurídico gratuito para las víctimas.
A partir de aquella histórica jornada, el Estado debió reconfigurar sus herramientas institucionales, lo que permitió avances significativos como la posterior implementación de la Ley Micaela para la capacitación obligatoria en los tres poderes públicos, el endurecimiento de las penas para los agresores en el Código Penal y la visibilización de los índices de orfandad a través de la Ley Brisa. El concepto de femicidio se asentó definitivamente en la terminología jurídica de los magistrados del país.
En el contexto provincial y local, la conmemoración de este 3 de junio de 2026 adquiere una sensibilidad extrema y urgente. Las comunidades de la región, que en las últimas horas se vieron sacudidas por el trágico desenlace del caso de Agostina Vega —la menor de 14 años hallada sin vida en condiciones de extrema violencia—, encuentran en esta efeméride un espacio de movilización y memoria activa que trasciende el recordatorio histórico.
Las organizaciones locales de Goya y localidades vecinas han pautado jornadas de reflexión en espacios públicos, asambleas estudiantiles y marchas de antorchas. El objetivo comunitario sigue siendo el mismo que hace once años: exigir la celeridad en las investigaciones judiciales locales, la optimización de los botones de pánico, el correcto funcionamiento de las líneas de asistencia y el fortalecimiento de los refugios para mujeres en situación de vulnerabilidad, ratificando que el pedido de protección sigue plenamente vigente en los barrios del interior correntino.