Valdés y los gobernadores de JxC plantaron postura frente a los DNU de Milei
Los mandatarios van negociando con el Gobierno Nacional a cambio de su apoyo a las medidas del presidente. La coparticipación, una de las claves.
El grupo de diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), donde está Gustavo Valdés, comienza a forjar un nuevo eje de poder político a la hora de fijar una postura ante el DNU de desregulación económica y la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que los nueve gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos integrantes de Juntos por el Cambio (JxC), harán un «frente común» de cara al debate de la «ley ómnibus», lo que implicaría una bajada de línea para los legisladores que responden a los líderes provinciales.
El mandatario provincial aseguró que unificarán la «respuesta ante las decisiones del Gobierno nacional», ya que encontraron «problemas que se dan» en las regiones, y anticipó que determinarán en conjunto «cómo manejarse ante la incertidumbre macroeconómica nacional».
Fuentes vinculadas a este grupo de gobernadores afirmaron a Télam que «tanto los mandatarios del PRO como también el titular del Ejecutivo cordobés, Martín Llaryora, están dispuestos a aprobar gran parte de las leyes que requiere Milei, aunque le pedirán cambios».
Mientras sigue el compás de espera por la vuelta atrás en las modificaciones de ganancias que permitiría paliar la caída de la coparticipación, los gobernadores intentan negociar con la administración de Javier Milei diferentes puntos de las medidas que impulsa la Rosada y que entienden que afectan a las provincias. Ente las quejas están las retenciones, cajas jubilatorias, biocombustibles, azúcar y ley de tierras.
El funcionario que sigue recibiendo a los gobernadores y tomando nota de los reclamos es el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El proyecto de ley ómnibus dispone que todos los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) pasen a manos del Tesoro nacional y salgan del patrimonio de la Anses. Son unos USD 5600 millones que le permitirían a la Anses cancelar la deuda que mantiene con los 13 sistemas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación, según publicó el diario La Nación.
Córdoba, Santa Fe y Corrientes el año pasado fueron a la Corte Suprema de Justicia con ese reclamo. Además, las provincias vienen reclamando la actualización del financiamiento nacional ya que la gestión anterior directamente no cumplió con lo fijado en el presupuesto que implicaba seguir la fórmula de movilidad previsional.
Si Nación logra su pretensión de suspender esa fórmula, también deberá consensuar con las 13 provincias cómo actualizará los giros mensuales a esas cajas.
Más allá de que la Secretaría de Bioeconomía dio marcha atrás con la suba de retenciones a 18 economías regionales, se mantienen los incrementos a algunos de los principales complejos del agro y los gobernadores de las provincias afectadas vienen planteando su oposición.
Fuente: El Litoral
