Según un informe, Corrientes tiene una de las tasas más bajas del país
Un ranking ubica a la provincia como la de menor alícuota para servicios financieros. Santa Fe estuvo en el centro de la polémica por elevar de 5% a 9% el gravamen, con la queja de Fintechs y cámaras que nuclean a los bancos.
En medio de los reclamos del Gobierno nacional a las provincias y municipios para bajar impuestos, pedido al que se sumaron empresas como las financieras y tecnológicas, un informe indica que Corrientes es la jurisdicción del país con la menor alícuota de Ingresos Brutos para servicios financieros. Dicha carga impositiva impacta en billeteras virtuales.
Las provincias cobran una alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos que oscila entre el 3% y el 9% a los servicios financieros en sus respectivos distritos, según un informe difundido por el sitio de noticias Infobae. El gravamen de dichas prestaciones impactan generalmente en las billeteras virtuales y, en algunos casos, en los bancos, ya que deben encarecer las comisiones.
Esta semana la polémica se centró en Santa Fe donde la provincia aprobó una reforma fiscal que elevó de 5% a 9% la alícuota de Ingresos Brutos. «Están llevando una persistente y creciente presión tributaria», expresaron desde la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a las empresas tecnológicas dedicadas a las finanzas, entre las más conocidas, se encuentran las billeteras virtuales.
«La reciente suba del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Santa Fe y otras provincias impacta directamente en los consumidores y PYME. Este tributo encarece productos y servicios, golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía real», se sumaron a las críticas desde Mercado Libre.
«Es injusto porque se aplica sobre el total facturado, no sobre las ganancias, y genera un efecto cascada que incrementa los costos en cada etapa de producción y distribución, encareciendo los precios», sostiene el comunicado de la firma de Marcos Galperín, uno de los principales defensores del Gobierno de Javier Milei.
También se sumaron a los reclamos por los gravámenes cámaras que nuclean a entidades financieras, entre ellas, la Asociación de Bancos (ABA).
En algunas provincias, por ejemplo, cuando se trata de préstamos u otras operaciones financieras, la tasa llega al 16,5%. En lo que respecta, específicamente a los servicios financieros, estas son más bajas pero de alto impacto. Así, Santa Fe lidera el ranking con una alícuota de 9%, seguido por Jujuy del 7% y de Córdoba de 6,75%.
En una posición diametralmente opuesta se encuentra Corrientes, que en el ranking publicado por Infobae, se ubica con la tasa de Ingresos Brutos para servicios financieros más baja del país. Esta es de 2,9%. Es tres veces menor a Santa Fe.
Cabe aclarar que cada jurisdicción fija una alícuota por cada actividad, por lo cual se complejizan los promedios para establecer un ranking. Además, depende del direccionamiento de la política de recaudación de cada gobierno local. Por ejemplo, la Legislatura de La Pampa aprobó para 2025 que un préstamo hipotecario, prendario, personal o el descuento de documentos esté gravado con un 15% y para los casinos, un 10%.
En Corrientes, Capital, días atrás el intendente Eduardo Tassano expresó que las tasas e impuestos municipales «no generan sobreprecios, ni afectan el desarrollo de la vida económica de los sectores privados». Esto, en referencia a los comentarios del ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, sobre el impacto que tienen los tributos en la sociedad.
No obstante, destacó el plan desarrollado por el Gobierno nacional para desacelerar la inflación; aunque consideró que aún hay pendientes.
El costo fiscal de la baja de retenciones decantará en las transferencias
Luego de las presiones del sector del agro, el Gobierno nacional dio marcha atrás a la política de no bajar nuevos impuestos para sostener el equilibrio fiscal. Así, anunció una reducción temporal de las retenciones al campo y de la quita permanente a las economías regionales.
La medida se oficializó ayer tras la publicación del decreto 38/25. En el caso de la soja, la alícuota pasó de 33% a 26% y sus derivados de 31% a 24,5%. El trigo, de 12 a 9,5%: la cebada, de 12% a 9,5%; el sorgo de 12% y a 9,5%: el maíz de 12% a 9,5% y el girasol de 7% a 5,5%.
El beneficio se extenderá hasta el 30 de junio para los productos que se comercialicen en el exterior. Sin embargo, se incorpora una cláusula de liquidación del 95% luego de 15 días hábiles de la declaración jurada de los productores.
Esto contribuiría a generar mayores divisas, una medida que alivianaría al Gobierno nacional la necesidad de engrosar las reservas del Banco Central de la Nación. Si los productores no liquidan en el período mencionado, no accederán a la baja de retenciones.
Por otra parte, los productos de la economía regional volvieron a 0%, que impactará, por ejemplo, en el azúcar, algodón, forestoindustria y arroz. Esto tendría un impacto positivo en provincias como Corrientes.
La baja de las retenciones, no obstante, repercutirá en el costo fiscal. «Dada la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir temporalmente ciertos derechos de exportación (retenciones) y de eliminar otros de manera permanente, resulta importante analizar en un contexto de equilibrio fiscal la relación entre esta reducción de recaudación y distintas variables fiscales», evalúa un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
«La reducción temporal de las retenciones implicaría un costo fiscal del orden de 0,13% del PBI», indican desde la entidad. «Debido a que es poco probable que el costo fiscal se financie con una sola vía, resulta importante cuantificar el esfuerzo que significaría el uso de fuentes alternativas», sostienen.
«En primer lugar, si se considera el resultado fiscal de 2024 se tiene una equivalencia del 42%. En relación a los ingresos no coparticipables (exclusivos de Nación), la relación es de 1,4%. Respecto a los ingresos tributarios (coparticipables y no coparticipables) que van a la Nación, la relación es del 0,8%. Por otro lado, en términos del gasto público, el costo fiscal de la reducción temporal de retenciones en relación al gasto primario es del 0,8%, en relación al gasto en subsidios a la energía es del 11,5%, en relación al déficit operativo de empresas públicas es del 29%, en relación a la inversión real directa es del 33% y, en relación a las transferencias no automáticas totales a provincias y CABA, la relación es del 47%», señala el informe de IARAF.
