Se oficializó la “desclasificación absoluta” para los documentos de la AMIA
En el día de hoy y tras lo anunciado desde la apertura de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo oficializó la «desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación» relacionada con el atentado a la mutual judía AMIA, en particular, la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La disposición quedó registrada desde el Decreto 213/2020 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
En la desclasificación requerida se incluyen «los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
En la disposición se recuerdan los decretos de años anteriores por los cuales se resolvieron «diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, en particular en la hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI)».
A partir de esto es que se dispuso «declarar la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado» contra la mutual, «su encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente».
«El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra», precisa el Decreto.
En último término, el Presidente dispuso además crear una «mesa de diálogo, en la que confluyan los distintos organismos estatales y de la sociedad civil» para recopilar esa información.
Por ello, además de darse el «carácter de público» a esa información, Fernández dispuso que «deberán adoptarse los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon» en los procesos judiciales y «toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros».
