La plaza 25 de Mayo en Corrientes fue nuevamente escenario de una movilización de familias, prestadores y organizaciones que reclaman por los derechos de las personas con discapacidad. El reclamo se intensificó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia para personas con discapacidad, una normativa que buscaba garantizar la continuidad de prestaciones y tratamientos hasta 2026.

Marcela Kriscovich, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, expresó su frustración y dolor, afirmando que el veto pone en peligro las terapias y los medicamentos de miles de personas. También cuestionó las auditorías a las pensiones y las demoras en los pagos, que complican el acceso a servicios básicos como el transporte. «Esto no es un gasto, es vida», sostuvo.
El veto a la ley, aprobada con amplio respaldo en el Congreso, fue justificado por el Gobierno Nacional con argumentos fiscales. Sin embargo, los manifestantes denuncian que la medida es un «retroceso en materia de derechos» que deja a muchas familias en una situación desesperada. Las consecuencias directas incluyen:
El reclamo en las calles de Corrientes se suma a las movilizaciones que se replican en distintas ciudades del país, con la esperanza de que el Congreso insista con la norma y se revierta el veto.