Desde el Ministerio de Educación de Corrientes pidieron a estas instituciones «entrar en razón» y recordar que no pueden desconocer las normas del Estado. Ellos querían comenzar las actividades el 24 de febrero pese a la ola de calor.
Las instituciones públicas de gestión privada de Corrientes iniciarán las clases el 5 de marzo. Desde las cámara que nuclea al sector trataron de garantizar la actividad escolar pese a la ola de calor. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública ratificó ayer la decisión de que el ciclo comience recién en tres semanas.
«La educación es una sola y es pública. La gestión puede ser privada, pero las normas las dicta el Estado y aplica para todos el calendario escolar», expresó, a diario época, con énfasis, una alta fuente del Ministerio de Educación. En este sentido, la ministra, Práxedes López, planificó hoy, a las 11, una conferencia.
La controversia surgió luego de que el presidente de la Cámara Correntina de Instituciones Educativas de Gestión Privada (CACIEP), Maximiliano Kugler, declarara, en una entrevista con Radio Dos, que las clases comenzarían el 24 de febrero. «Ya iniciamos actividades en la primera semana de febrero. Asimismo seguimos con las tareas de planificación y capacitación. Las actividades áulicas comienzan el 24», confirmó en los estudios de la emisora.
«La planificación se hace con tiempo y siempre lo hemos hecho con todas las instituciones de la Cámara. Todas siguen las fechas previstas desde la Resolución de diciembre pasado», había ampliado.
La respuesta del Ministerio de Educación fue un comunicado en el que reafirma su postura. «El inicio del ciclo lectivo se postergará al 5 de marzo de 2025, debido a la ola de calor. La medida abarca a todos los niveles escolares inicial, primario y secundario tanto en instituciones públicas como privadas de toda la provincia», se difundió desde las redes oficiales del Gobierno de Corrientes.
Desde la cartera educativa dijeron a época que «no existen antecedentes a nivel nacional o provincial» de un inicio de clases «separado». «Creo que entrarán en razón, no pueden desconocer las normas dictadas por la autoridad ministerial y el Gobernador. Los títulos y certificaciones las emite el Estado provincial por ley y se cargan al sistema federal», subrayó.
En sus considerandos, la resolución resalta que esta decisión fue tomada: «Atento a las recomendaciones de autoridades de Salud, Seguridad y organismos meteorológicos que han emitido alertas sobre los riesgos asociados con la ola de calor a fin de proteger la salud de estudiantes, docentes y de la comunidad educativa en general».