Condenado a tres años de prisión por usurpar un inmueble estatal, caso Goya
El Juzgado Correccional de Goya emitió su veredicto en el caso de la usurpación de un inmueble del Estado Provincial, ubicado en el Paraje «Rincón de Gómez». Víctor Hugo Romero fue condenado como autor material del delito de usurpación, recibiendo una sentencia de tres años de prisión condicional. La sentencia fue dictada por el juez subrogante, doctor Lucio Raúl López Lecube, tras la acusación del fiscal, doctor Francisco Arrúe.
El inmueble en cuestión, conocido como «Loteo el Molino», fue adquirido por el Estado Provincial en 1988 con multas de utilidad pública y social, abarcando aproximadamente 48 hectáreas. En 2020, Romero modificó usurpar el predio e incluso amenazó y hostigó a los empleados de la Dirección de Vialidad Provincial, impidiendo su labor de desmonte. Posteriormente, tras ser desalojado por orden judicial, volvió a ingresar al inmueble, agravando así el delito de usurpación.
El caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por el representante del Fiscal de Estado en Goya, Dr. Ariel Fratini. Durante el juicio, se valoraron las pruebas presentadas y se extinguieron que Romero y su hija Violeta Elizabet Romero despojaron al Estado Provincial de una fracción del terreno, impidiendo el ingreso de personal de Vialidad Provincial y reteniendo maquinaria vial. La sentencia también destacó que Violeta Romero, directora de escuela, tuvo una participación activa en los delitos cometidos.
El fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva para Víctor Hugo Romero, considerando su conducta obstinada de estabilizar en una propiedad del Estado y retrasar los trabajos de vialidad. En el caso de Violeta Romero, se solicitó una pena de tres años de prisión condicional, teniendo en cuenta su instrucción y los daños causados por los retrasos en los trabajos estatales. Además, se solicitó la devolución del bien al Estado Provincial y la demolición de la casilla construida por Víctor Hugo Romero en el lugar.
Con esta condena, se busca preservar el ordenamiento jurídico y reafirmar la importancia de respetar la propiedad estatal, asegurando la utilización adecuada de los bienes destinados al beneficio de la sociedad en su conjunto.
