Pese a la resistencia de las empresas, el Gobierno prorrogará los “Precios máximos” mientras dure la cuarentena

Desde distintas cámaras que nuclean firmas de consumo masivo aseguran que si continúa el congelamiento, corre riesgo el normal abastecimiento. La resolución 100 vence el lunes.

“En nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham Argentina), me dirijo a usted con motivo de solicitarle la no extensión del congelamiento de precios dispuesto por la Resolución 100/2020 de la Secretaría a su cargo, mediante la cual se fijaron precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año, por un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma”.

Así arranca la carta que el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, le envió a la secretaria de Comercio Interior nacional, Paula Español, y al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, días atrás, con el objetivo de lograr un descongelamiento gradual de los precios. No fue la única entidad; varias cámaras hicieron sus gestiones, aunque sin éxito.

El Gobierno está trabajando en la prórroga de la resolución 100, que vence el lunes, aunque todavía no está definido por cuánto tiempo los precios permanecerán congelados, afirmaron fuentes oficiales. Según sostienen, no hay argumentos válidos que justifiquen subas en el actual contexto.

En la carta, las empresas socias de Amchan remarcan que si bien son “conscientes de que la economía mundial vive una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en el último siglo” y que “los gobiernos se ven obligados a adoptar medidas excepcionales”, “resulta prácticamente imposible mantener el normal abastecimiento de los productos esenciales (más aún si se tiene en cuenta que hay empresas que no han aumentado sus precios desde noviembre 2019) a los precios vigentes al 6 de marzo”.

Los argumentos que esgrimen los empresarios en la misiva incluyen el escenario de inflación mensual, que ronda el 2,5% promedio, una devaluación constante y aumentos generalizados de costos, mayormente provocados por la escasez de insumos, ya sea por limitaciones en su transporte, restricciones a la importación o imposibilidad parcial o total para producirlos.

“El tema no ha sido tratado. Filosóficamente, no estamos a favor de política de precios máximos. Por otra parte , toda excepcionalidad debe ser concreta y por tiempo limitado y breve, máxime teniendo en cuenta la realidad inflacionaria argentina. Lo contrario lleva a riesgo de desabastecimiento de insumos, aumento de la informalidad y repercusión negativa en la ya comprometida situación de las empresas formales, asi como alerta sobre problemas de nivel de oferta de producción a futuro”, afirmó ante la consulta de Infobae el titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.

También la cámara Bodegas de Argentina emitió un comunicado días atrás en el que además de remarcar la complicada situación del sector, le pide al Ministerio de Desarrollo Productivo que “revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril”, fecha en la que vence la resolución 100/2020, “dando libertad a las bodegas para fijar precios libremente a los vinos embotellados”.

En la misiva, las empresas norteamericanas radicadas en la Argentina plantearon que “resulta crítico alcanzar un consenso respecto de un calendario de traslado progresivo de los 20 puntos de aumento de costos acumulado hasta la fecha, para asegurar el normal abastecimiento de los productos esenciales”. Agregaron que la suba de costos es de “imposible absorción, debido a la pérdida de rentabilidad sistemática que se remonta a casi 2 años de recesión y a la pérdida de competitividad y productividad de las industrias mencionadas”.

También destacaron que existe confusión respecto de cuáles son los productos afectados al congelamiento por jurisdicción, ya que la norma de congelamiento de precios decretada por el gobierno bonaerense es mayor a la nacional (90 días), lo que genera una “disrupción que impide la correcta aplicación de la regulación y la finalidad pretendida”.