Jueces y fiscales de la provincia de Bs. As. deben presentar sus declaraciones juradas

Así la Justicia se equipara con el Ejecutivo y Legislativo.

A partir de 2018, los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires deberán presentar, obligatoriamente, las declaraciones juradas patrimoniales. Se resolvió en el Acuerdo de ministros de la Suprema Corte y de esta manera la Justicia se equipara, en este rubro específico, con los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo.

Intenta conformar una señal del tribunal, en momentos de alta conflictividad por beneficios que se agotan en varias áreas de la administración provincial, entre ellas las jubilaciones de privilegio de gobernador, vice y legisladores. Esas medidas en observación no alcanzan a los magistrados, quienes, además, están relevados de pagar Ganancias por resolución respaldatoria de la propia Corte Nacional de Justicia.

El régimen horario en los tribunales es otra prerrogativa del sistema, que algunos sectores empiezan a observar con detenimiento. Como el sistema judicial es autónomo en sus decisiones, ningún otro poder puede resolver «per se» sobre cuestiones ajenas a su competencia.

Un dato aportado en esta semana de zozobra a Clarín. Hay borradores del oficialismo donde circula la posibilidad de revisar la forma de pago de los haberes de aquellos jueces sometidos a proceso de jury. Y mucho más, aún, ponderar de otra manera la percepción del sueldo de quienes se acogen al retiro para evitar la destitución.

Como sea, consideran que la presentación de las DD.JJ. es un paso adelante en búsqueda de equidad de tratamiento. Sueldos de ministros de la Corte de 200.000 pesos no tributan Ganancias y un empleado estatal con percepciones inferiores a esta remuneración (29.000 pesos de bolsillo) aportan al sistema. Esta excepción de los magistrados se trasladan a todos organismo de la Constitución provincial, entre ellos el Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Tesorería y Fiscalía de Estado.

Ahora, la Corte provincial se pone a tiro, al menos en la declaración de sus patrimonios.

Según el dictamen, “a raíz de la aprobación de diversos tratados internacionales, nuestro país asumió el compromiso de establecer mecanismos para salvaguardar la ética en las actividades públicas, a los fines de prevenir y luchar contra la corrupción, que agravia y lesiona la sustancia del orden constitucional”.

Por esta circunstancia, el tribunal considera “la necesidad de contar con sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y la publicación de tales declaraciones cuando corresponda».

Expuestos los considerandos de la resolución, los ministros decidieron ayer aprobar el reglamento de declaraciones juradas patrimoniales y encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte de Justicia y también a Subsecretaría de Informática “que arbitren las medidas necesarias para el desarrollo del sistema y los formularios estandarizados respectivos”. Dieron competencia, además, a la Procuración General, a cargo de Julio Conte Grand.

«Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada de su patrimonio los magistrados y funcionarios del Poder Judicial; los peritos oficiales; y los agentes que, por la naturaleza de sus funciones, se encuentran sujetos a un especial control, tales los casos de aquellos que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o su recepción, o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado», argumentan en la resolución.

En la Gobernación ponderaron la medida. “Es un paso adelante porque cuando (María Eugenia) Vidal llegó a la Provincia nadie presentaba las declaraciones juradas y dos años después lo hacen todos los poderes del Estado”, dijeron a Clarín.

El formulario sintético será de carácter obligatorio, de carácter público y “contendrá una enunciación de bienes y actividades del obligado, de su cónyuge o conviviente y de quienes se encuentren bajo su responsabilidad parental, tutela o curatela, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, tanto en el país como en el extranjero”.

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