En videoconferencia, sentenciaron a Martínez Rojas por estafa

Desde la cárcel de Marcos Paz y por videoconferencia el empresario correntino Mariano Martínez Rojas fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes en el marco de una causa por estafa en la Capital correntina en la compra de un automóvil de alta gama y otorgar cheques sin fondos. En tanto deberá pagar una suma resarcitoria de 126 mil pesos.

Mariano Martínez Rojas fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corriente en el marco de una causa por estafa.

El delito por el que se lo imputaba fue en la compra de un automóvil de alta gama y otorgar cheques sin fondos.

“Martínez Rojas fue hallado culpable del delito de estafa una vez reiterada en concurso real”, precisó, en diálogo con La Dos, el abogado querellante Javier Irazusta.

“Esta condena se suma a otras causas por lo que se complica su situación procesal y creemos que estará detenido un buen tiempo. Su esposa recibió una sentencia de un año y seis meses en suspenso, y su madre fue absuelta”, contó Irazusta, quien patrocinó a Hugo Sotelo Bertschinger

“La mamá fue absuelta pero deberá indemnizar a mi cliente. Estamos conformes con la pena impuesta y el resarcimiento económico que asciende a 125 mil pesos actualizados al año 2013”, precisó.

La estafa

Cabe recordar que al imputado se lo acusó de haber entregado alrededor de 100 cheques por cifras millonarias que fueron rechazados por falta de fondos. Todos fueron emitidos por la empresa Grupo Norte SRL, con domicilio en calle Pellegrini en Capital. De esa sociedad también formaba parte el hermano de Martínez Rojas, pero después se supo que era discapacitado y no tenía las condiciones mentales para integrar una sociedad comercial.

Es la primera causa en la que Martínez Rojas fue juzgado y con prisión preventiva. En enero de 2018 fue capturado en Miami en el marco de la causa de los contenedores, por el cual permanece preso en la cárcel de Marcos Paz.

El tribunal de juicio estuvo integrado por los jueces Román Esquivel, Ana Vera y Cristina Sánchez, en tanto que el fiscal fue Gustavo Schmidt y el patrocinio de los imputados estuvo a cargo de la defensoría oficial. Por su parte, en la querella se desempeñó el abogado Javier Irazusta.